El gobierno nacional avanza con su plan de desmantelamiento del Estado, esta vez apuntando a la empresa estatal responsable de más de 6000 kilómetros de rutas nacionales. Será sometida a un proceso de privatización bajo el argumento de ineficiencia y pérdidas millonarias.
Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció la licitación de los tramos concesionados de la red federal de caminos, justificando la medida como una ruptura del «monopolio» actual en el sector vial. Esta decisión forma parte de una agenda más amplia de reducción estatal, que podría comprometer servicios esenciales para la población.
El gobierno alega que Corredores Viales genera un déficit de 30 millones de dólares y no cumple con estándares mínimos de operación. No obstante, surge la pregunta de si la privatización es la única solución viable o si se están obviando alternativas de mejora y eficiencia dentro del marco público. La medida afectará a rutas que atraviesan 12 provincias, incluyendo el estratégico Acceso Riccheri a Buenos Aires.
Esta acción se suma a la reciente declaración de Aerolíneas Argentinas como empresa sujeta a privatización, evidenciando una tendencia clara del gobierno de Milei. Mientras el Ejecutivo promete ahorros millonarios y mejoras en infraestructura, queda por verse si estas privatizaciones realmente beneficiarán a los ciudadanos o si, por el contrario, resultarán en un aumento de costos y una disminución en la calidad de servicios cruciales para el desarrollo nacional.
