Entre ellos la exdirectora del PAMI en Salta y el exasesor de la ANSES local. Se los acusa de los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos, en calidad de autores. Hay otros tres implicados.
El fiscal federal Ricardo Toranzos sostuvo que Molina y Vera Ramírez exigían a los jefes de diversas agencias del PAMI en Salta el 20% de sus salarios como compensación por sus designaciones, promovidas por la organización política.
Entre las evidencias presentadas se incluyen audios y mensajes telefónicos, donde se mencionan los pagos denunciados. El fiscal Toranzos presentó un informe técnico del teléfono de Fabiana Juárez, ex gerente, que reveló que los mensajes que exigían el pago pertenecían a Vera y Molina.
Adicionalmente, se descubrieron 44 transferencias de dinero, por un total de 436,964 pesos, desde otras cuentas del PAMI a la cuenta bancaria de Vera. La Fiscalía también señala que utilizaron el sistema interno de «bolsín» del PAMI para efectuar pagos, según lo revelado en los audios y mensajes.
También son juzgados por el mismo delito pero en calidad de partícipes necesarios dos ex empleados del PAMI: Gustavo Emilio Gerónimo, ex coordinador Ejecutivo, y Diego Jesús Albornoz, quien ocupaba la posición de coordinador del Modelo de Atención Personalizada. A ellos, se suma el ex concejal Fernando Andrés Ruarte.
Con respecto a este último, está acusado de la entrega irregular de electrodomésticos en épocas de campaña cuando era candidato a concejal. Los artefactos estaban destinados a 1.500 afiliados vulnerables del PAMI. En ese caso también estan involucrados Molina y Vera Ramírez.
