Medios de esa provincia publicaron que el Centro de Salud donde la atendieron por primera vez, detectó el embarazo a las 16 semanas y desde entonces ponen trabas para el aborto que la niña pidió. Hoy el embarazo está en la semana 24.
Cada vez más voces reclaman al sistema sanitario de Tucumán que garantice el acceso a una interrupción legal de embarazo a la niña de 11 años, violada por la pareja de su abuela, que ingresó al Hospital del Este Eva Perón por “autolesiones”, luego de intentar suicidarse como consecuencia de la dramática situación que está atravesando.
El diario La Gaceta publicó ayer que el Centro de Salud de la localidad de 7 de Abril, donde la atendieron por primera vez, le habrían detectado el embarazo a las 16 semanas, y desde entonces le están poniendo trabas para el aborto, lo que confirmaría que hay una perversa estrategia institucional antiderechos que apunta a dilatar la decisión para que finalmente no se pueda practicar y la tortura se prolongue. El embarazo lleva casi 24 semanas.
Ayer, a través de un amicus curiae, dos organizaciones de derechos humanos, Andhes y Cladem, pidieron a la jueza de Familia de la Quinta Nominación del Poder Judicial de Tucumán, Valeria Brand, que ordene al Estado que respete la voluntad de interrumpir el embarazo de la niña. “Estamos sumamente preocupadas por el patrón de conducta que se está viendo en los sistemas de salud provinciales en relación a los embarazos forzados de niñas, haciéndolas transitar esos embarazos, que son tortura, a pesar del pedido reiterado, como en el caso de la niña tucumana, de acceder a la interrupción legal de embarazo, demorando los trámites, y llevándolas a momentos en que la cesárea se transforma en el único método de interrupción del embarazo”, señaló a PáginaI12 la activista feminista tucumana Adriana Guerrero, de Cladem. Guerrero adelantó que la organización regional recurrirá tanto a los sistemas legales nacionales como internacionales para que se garanticen sus derechos.
La presentación de Andhes y Cladem se suma a las que hicieron el 15 de febrero ante el secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, y el Ministerio Público Fiscal, Mujeres x Mujeres, la Guardia Feminista de Abogadas y Ni Una Menos Tucumán.
Página/12 viene intentando hablar con algún funcionario gubernamental pero se niegan a hacer declaraciones sobre el tema. Con el correr de los días, el cuadro es cada vez más dramático: la niña llora y el Estado la sigue torturando, prolongando un embarazo que ella nunca quiso ni buscó.
