Los legisladores provinciales expresaron su preocupación por la asignación de beneficios a personas sin residencia efectiva. Solicitaron a las autoridades nacionales competentes revisar con urgencia esta situación.
Desde el cuerpo legislativo se advirtió que se comprometen seriamente los recursos del Estado Nacional y se afecta la equidad en el acceso a la asistencia social que la Nación destina a sus ciudadanos.
En ese marco, se respaldó públicamente la postura del gobernador Gustavo Sáenz. “Esta política no es discriminatoria, es justa y racional. Los recursos del Estado Argentino deben destinarse prioritariamente a quienes habitan legal y permanentemente este suelo”, expresa la declaración.
Los diputados consideraron que este tipo de asignaciones constituyen una injusticia hacia los argentinos que trabajan, aportan y necesitan del apoyo estatal en un contexto económico difícil.