La iniciativa de José Gauffin propone que todos los municipios publiquen sus actos administrativos y legislativos en el Boletín Oficial de Salta, garantizando el acceso libre y gratuito a la información pública.
El diputado provincial presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la transparencia institucional y el acceso a la información pública* en los municipios de Salta mediante la publicación obligatoria de sus principales actos administrativos y legislativos en el Boletín Oficial de la Provincia.
La iniciativa establece que los municipios deberán publicar, entre otros documentos, el Presupuesto General Anual y sus modificaciones, ordenanzas promulgadas, decretos del Departamento Ejecutivo, resoluciones de alcance general, llamados a licitación, concursos de precios, adjudicaciones, escalas tributarias, estados de ejecución presupuestaria y demás actos que impliquen la utilización de recursos públicos.
El proyecto también prevé que la información esté disponible de manera libre, gratuita, digital y permanente para toda la ciudadanía, sin necesidad de registrarse previamente. Asimismo, contempla que aquellos municipios que ya cuenten con un Boletín Oficial propio y en funcionamiento regular puedan continuar utilizando ese sistema, con la posibilidad de adherir al mecanismo provincial mediante convenios.
En los fundamentos, Gauffin sostiene que la propuesta se apoya en los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno y en la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública. Además, señala que actualmente solo una pequeña parte de los municipios salteños cuenta con boletines oficiales de funcionamiento regular, lo que dificulta el acceso de los ciudadanos a información de interés público y limita el control sobre la administración de los recursos.
Según el legislador, la utilización de la infraestructura digital ya existente en el Boletín Oficial de la Provincia permitirá implementar un sistema uniforme de publicación sin generar costos significativos para los municipios, fortaleciendo la transparencia, la seguridad jurídica y el control ciudadano sobre la gestión pública.