Luego de un proceso judicial que se extendió por más de dos años, el exdiputado nacional Martín Grande fue condenado a una multa monetaria por desobedecer las medidas judiciales que le prohibían injuriar a la fiscal Verónica Simesen de Bielke. El caso se originó en 2021 cuando el dirigente del PRO agravió a la fiscal durante una entrevista radial.
En mayo de 2021, Grande calificó a la entonces fiscal de Derechos Humanos de «ineficiente», «incapaz» y «atorranta», todo ello en declaraciones a un medio salteño y luego intentó arreglar la metida de pata. Como no podía ser de otra manera, la fiscal realizó la denuncia correspondiente por violencia de género. Inicialmente, la jueza Noemí Valdez dictó medidas para que el exdiputado se abstuviera de agraviar a Simesen de Bielke y realizara capacitaciones en género.
Sin embargo, Grande no acató estas disposiciones judiciales, no se presentó al curso que dicta la «Ley Micaela», por lo que la causa derivó en un proceso por desobediencia a la autoridad. El dirigente buscó anular el caso y lograr el sobreseimiento, pero sus solicitudes fueron denegadas. Finalmente, este jueves se concretó el juicio oral donde resultó condenado a una multa monetaria. Sin embargo, Grande no se presentó.
Tras conocerse el fallo, Simesen de Bielke manifestó en redes sociales que «no se puede andar injuriando gratuitamente, todo acto tiene sus consecuencias». Además, destacó que este resultado judicial marca un hito en la lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres.
El caso del ex dirigente del PRO y Juntos por el Cambio en Salta, Martín Grande, se convierte en un antecedente sobre los límites que tienen las expresiones de los funcionarios públicos y la obligación de respetar las decisiones de la Justicia. Más allá de la sanción económica, el hecho seguramente sentará jurisprudencia para evitar la impunidad en episodios de violencia simbólica como este.
