Marcos Levín volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo martes. El expropietario de La Veloz del Norte será juzgado por el secuestro y los tormentos sufridos por 17 trabajadores de la empresa durante los años de la dictadura.
El denominado juicio La Veloz del Norte II es fruto de un largo y sinuoso camino. El mismo fue bien resumido por el periodista Gerardo Aranguren en una nota publicada hoy por el diario Tiempo Argentino. Allí recuerda que la denuncia contra Levín por crímenes de lesa humanidad se presentó en 2008, pero entonces la justicia federal de Salta consideró a esos delitos como “hechos aislados y ajenos a la política de represión llevada adelante durante la última dictadura militar”.
En ese marco, la justicia se declaró competente para investigar un solo caso: el de Víctor Cobos, quien era delegado y trabajador de La Veloz. De ese modo el expediente se partió en dos y se conformaron dos causas: una por los crímenes sufridos por Cobos y otra con el resto de los hechos. Por el primer caso, Levin fue enjuiciado en 2016 y recibió una pena de 12 años de prisión convirtiéndose en el primer empresario condenado por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.
Lo que parecía un primer paso esperanzador se chocó con la Cámara Federal de Casación Penal que, un año después, anuló la sentencia sosteniendo que el secuestro y los tormentos sufridos por Cobos era un crimen común y ya había prescripto. Cinco años después, la Corte Suprema de Justicia revirtió esa decisión y ordenó a Casación que rectifique su fallo, algo que aún no sucedió. Mientras tanto, las querellas y la fiscalía insistieron con el resto de las víctimas y “La Veloz del Norte II” se reactivó en 2018 cuando la Corte anuló el fallo original que dividió el expediente y ordenó que también se investigaran como crímenes de lesa humanidad los hechos que sufrieron las otras 16 víctimas.
Este último juicio es que el comenzará el martes y que también tiene como acusados al exjefe de Personal de la empresa José Antonio Grueso y el excomisario Víctor Hugo Almirón de la Comisaría Cuarta de Salta. Esta etapa de la causa abarca lo sucedido a 17 de esos trabajadores y trabajadoras: Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.
“Con la excusa de una causa iniciada por el propio Levín por una supuesta defraudación a la empresa, 22 trabajadores y trabajadoras de La Veloz del Norte fueron detenidos ilegalmente en sus lugares de trabajo o sus hogares y llevados a la Comisaría Cuarta de la capital provincial, donde fueron torturados. En la mayoría de los casos, además, fueron luego despedidos” recordó Aranguren en el informe publicado por Tiempo Argentino. Allí se destaca también que la mayoría de los mencionados había participado en los conflictos con la empresa por los malos tratos y bajos sueldos y por incumplimiento de los acuerdos a los que llegaban en el Ministerio de Trabajo.
Los secuestros comenzaron el 20 de enero de 1977 y se extendieron durante 4 días. El 21 de enero, un día después de las primeras detenciones ilegales, Levin presentó la denuncia por estafa contra sus trabajadores que sirvió para dar cobertura legal a la persecución contra delegados y militantes sindicales que reclamaban a la empresa mejoras salariales y de condiciones laborales.
Tras pasar unos días en la Comisaría, la mayoría fue liberada y algunos pocos fueron trasladados a la Unidad Penal de “Villa Las Rosas”, donde continuaron su detención. Como todos sobrevivieron, pudieron relatar el rol central que tuvo Levín y su jefe de personal: las listas que entregaron de los trabajadores a detener y horarios de los recorridos de sus colectivos, los vehículos de la empresa utilizados para trasladarlos y la presencia del empresario y de Grueso en la comisaría mientras las víctimas eran torturadas e interrogadas sobre su actividad gremial y política. Levín mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local.
