El diario El País, que ya había realizado la cobertura del juicio, calificó de “reparador” el fallo dictado ayer en un tribunal de Tartagal. También entrevistaron a la madre de “Juana” que remarco que durante el juicio ella “estaba firme”.
«Estaba firme yo. No estaba asustada. Estaba esperando si esto sale bien. Que se termine esto con justicia», le respondió por teléfono al medio español Francisca Ibarra, la madre de Juana. La mujer tiene 43 años y migró hace veinte desde una comunidad indígena wichí de Formosa a Alto de la Sierra en Salta donde trata de remontar el golpe supuso la violación en grupo de su hija de 12 años, discapacitada, ocurrida en 2015.
“Desde entonces, Francisca lidió con un Estado ausente y logró una condena ejemplar para los culpables. El lunes, antes de lo previsto, un tribunal de la ciudad de Tartagal condenó a 17 años de cárcel efectiva a seis hombres por el abuso sexual con acceso carnal de la niña (…) Otros dos acusados eran menores cuando participaron de la violación en manada y fueron derivados a la justicia juvenil. La actuación —en grupo y con menores— y el uso de violencia física agravaron el delito” enfatizó el diario español en su edición de hoy que recordó que “los wichís soltaron un puñado de palabras cada uno, pero sin apartarse de una idea colectiva: “Ha sido violación, que haya justicia”.
La cobertura extranjera del caso ocurrido en nuestra provincia destaco algunos elementos que para la prensa española resultaban estrafalarios: la del médico boliviano que examinó a la niña tras la violación, pero no podía firmar documento alguno porque era uno de los extranjeros sin título revalidado; la firma del gerente del hospital que tampoco sirvió porque era bioquímico; la libertad de los acusados por esta serie de anomalías; y la explosión del caso porque seis meses después del ataque se descubrió de manera fortuita que la niña estaba embarazada.
“El diagnóstico fue fortuito, obra de una fundación que hacía trabajos de asistencia en la comunidad. A.S., esas son sus iniciales, viajó entonces en un vuelo sanitario hasta a la capital de la provincia. Llevaba en su vientre un feto sin posibilidades de sobrevivir. El calvario de A.S. terminó en una cesárea. La prensa se enteró así de que una niña que por ley debería haber abortado pero fue obligada a gestar. Juana, como se la apodó, se volvió una bandera por el aborto, que no se cumple ni en casos de violación de menores, según el supuesto de una ley de 1921”, reconstruyó el medio español que asegura que hubo justicia por la difusión mediática que obtuvo el caso.
“El juicio se resolvió en tiempo récord. El Estado fue querellante con una defensora de violencia de género, resguardó siempre a los menores de esta historia (víctima y acusados), dispuso una intérpete wichí-español (no siempre sucede, aunque corresponda y resulte evidente en un entorno plurilingüe) y difundió las audiencias a través de las redes sociales. Los jueces emitieron un fallo reparador, enmarcado en “la violencia de género”, finaliza el artículo.
