Se trata del caso de transporte de pasajeros en plena pandemia y cuando estaba prohibido el ingreso a la provincia.
El año pasado la empresaria de transporte turístico Silvia Magno estuvo en el ojo de la tormenta. Se la comenzó a investigar por el ingreso de pasajeros a la provincia cuando las restricciones lo prohibían. Hoy la justicia salteña hizo pública la noticia de que remitirán al fuero federal la causa.
El 9 de abril de 2020 llegaron a Salta 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una “demorada” autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó “de regreso a casa”.
La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, declinó la competencia provincial. Argumentó que “el hecho incriminado resulta ajeno a la jurisdicción provincial, por lo que no corresponde la continuidad de la actuación de las autoridades judiciales hasta aquí intervinientes”.
