La Unidad Fiscal solicitó penas de prisión de entre uno y doce años para 18 de los 20 acusados por integrar una organización dedicada al narcotráfico dentro de la Unidad Carcelaria 1. Dos imputados fueron absueltos por retiro de la acusación y recuperaron su libertad.
La Unidad Fiscal continuó con sus alegatos en el juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1. El procurador Pedro García Castiella encabezó la exposición junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
Durante su intervención, García Castiella destacó los derechos de las personas privadas de libertad. «Las personas privadas de la libertad no son expulsados de la condición humana. Cuando atraviesan la puerta del penal no dejan su condición de seres humanos», expresó el procurador.
La fiscal Salinas Odorisio solicitó las condenas más severas para funcionarios penitenciarios involucrados en la organización. F.A.B. recibió el pedido de pena más alto con doce años de prisión y multa por comercialización de estupefacientes agravada, exacciones ilegales y participación en asociación ilícita. S.F.M. enfrentó un pedido de once años y ocho meses por los mismos delitos.
Otros funcionarios del Servicio Penitenciario recibieron pedidos de condena que oscilan entre cinco y nueve años y seis meses. Los civiles involucrados en la red enfrentaron solicitudes de penas de entre seis y nueve años y seis meses de prisión, dependiendo de su grado de participación en los delitos.
La fiscalía solicitó que los condenados permanezcan en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y pidió revocar la prisión domiciliaria de dos imputadas. También requirió la formación de actuaciones para investigar otros hechos que surgieron durante el juicio pero no formaron parte de la acusación original.
Dos acusados, J.J.V. y S.A., fueron beneficiados con el retiro de la acusación y recuperaron su libertad inmediata por orden del tribunal. Ambos deberán comparecer a todas las audiencias hasta el dictado de la sentencia programada para el martes 23.
Al concluir su alegato, Salinas Odorisio expresó: «En nombre de la ley, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la sociedad, en nombre de los internos y de sus familias pedimos a este tribunal que haga lugar a las condenas que hemos solicitado en todos sus términos porque donde hubo corrupción y donde hubo impunidad debe haber justicia».
Según informó la prensa del Poder Judicial, posteriormente continuaron los alegatos con la exposición de la defensa de uno de los funcionarios penitenciarios acusados. El tribunal integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar dictará veredicto el próximo martes.