Hubo un mega operativo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes. Ocho internos y la pareja de una de ellos fueron imputados.
La investigación se inició hace un año y medio por la fuga de un preso, el ingreso de drogas y el constante secuestro de celulares. En ese marco, la Fiscalía federal de Salta imputo a los involucrados como integrantes de una organización que comercializaba estupefacientes a gran escala dentro de esa cárcel.
“Se les impuso prisión preventiva a todos ellos, se ordenó su traslado a otras unidades y se mencionó la ´gravedad institucional´ del caso, por la presunta ´complicidad´ del Servicio Penitenciario Federal (SPF)”, destacó la sección local del diario Página 12.
“Lo que está sucediendo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional, sin embargo, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal parecen no haberlo notado. Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”, dijo la auxiliar fiscal Roxana Gual.
La audiencia de formalización de la investigación se realizó el jueves pasado ante la jueza federal de Garantías Mariela Giménez, quien coincidió en que se trata de un “caso de mucha gravedad” y puso énfasis en la supuesta “connivencia del Servicio Penitenciario Federal”.
La jueza hizo lugar a las imputaciones contra Rubén Ángel Rodríguez, como presunto organizador del delito, y como coautores, Eusebio Juan Antonio Bilaja (quien cumplía prisión domiciliaria), César Eduardo Acosta, Marcelo Javier Fragapane, Ezequiel Maximiliano Toledo, Rodrigo Alejandro Villareal, Miguel Hernán Olmos y Franco Emanuel Chaile, (aunque a este último, aún no se le determinaron vínculos con los otros acusados). A ellos se le suma Analía Ivana Astigueta, pareja de Rodríguez, quien fue detenida en la ciudad de Orán.
La jueza dictó también la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso el traslado a otras unidades carcelarias, ya que la fiscalía pidió que no vuelvan al penal federal de General Güemes, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
En la audienica Gamba Cremaschi y Gual destacaron que la investigación tuvo como punto de partida la fuga protagonizada el 1° de enero de 2024 por Cristián Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico del conurbano bonaerense. Ruiz Díaz huyó del penal usando un alicate con el que cortó el alambrado perimetral. Luego, con apoyo externo, escapó por la parte posterior, sin que hasta el momento haya podido ser recapturado.
Para la fiscalía, tanto en esa fuga como en la venta de droga dentro de la cárcel y los más de 250 celulares incautados (a lo largo de la investigación) a los internos solo se explican con la “complicidad” no solo de personal sino también de los “jefes” del SPF a cargo de esa unidad.
En el marco de la investigación, el 10 de junio se allanó el penal. Dadas las sospechas de complicidad de personal del SPF, la fiscalía pidió que esta fuerza no participara del operativo y en cambio se desplegaron unos 300 efectivos de Gendarmería Nacional.
