Se trata de Luciano Elizalde Acevedo, presidente de Labcom. Comparte inversiones con el presidente de la nación en una finca de Morillo, municipio de Rivadavia.
La investigación corresponde a la exdiputada Margarita Stolbizer quien denunció en la Justicia que el actual gobierno nacional incurriría “en negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario”. ¿La razón? Haber beneficiado a la consultora Labcom S.A con un contrato de $1.206.000. Se trata de una consultora que tenía como socio a un funcionario del Estado al momento de la contratación rubricada por el Ministerio de Modernización, que ganaba concursos sin poseer empleados y cuyos únicos ingresos dependían de los provenientes del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires.
Según los registros públicos evidenciados por Stolbizer, el presidente de Labcom SA es el académico y exbecario del Conicet, Luciano Elizalde Acevedo. Se trata de un hombre que tiene una inversión en común con el presidente Macri a través de la empresa familiar Los Tykey SRL: un emprendimiento agropecuario con la Finca Pluma de Pato que se ubica en la localidad de Coronel Solá, un terreno que el presidente Macri informó en su declaración jurada. La noticia obligo a que Labcom SA saliera a aclarar por medio de un comunicado que remitió al diario La Nación que «la compra del campo en Salta se realizó en 2006 y fue un negocio de inversión familiar de Elizalde Acevedo realizado con su padre y sus hermanos. No tenía, no tuvo ni tiene relación directa con el presidente Macri y es ajeno a su compra del terreno».
Los vínculos entre esa empresa y el gobierno nacional no terminan ahí. En noviembre de 2016, al momento de la contratación, uno de los accionistas era el por entonces director titular de Nación Fideicomisos Juan Pablo Peredo. Mientras tanto, el tercer fundador de la empresa se llama Alejandro Alonso quien vendió sus acciones antes de la adjudicación de Modernización para dar el salto a la función pública y comenzar a desempeñarse en el Ministerio de Justicia de la provincia.
En tanto, desde el Ministerio de Modernización señalaron al diario LA NACION que «se cumplieron todos los pasos legales de la contratación». «En la declaración jurada de habilitación para ser contratada por el Estado, Labcom SA y el presidente del directorio declararon bajo juramento no tener incompatibilidad ni impedimento alguno para prestar el servicio contratado. De todos modos enviamos toda la documentación a la Oficina Anticorrupción para que nos señale las acciones o medidas a tomar al respecto», agregaron. La Oficina Anticorrupción esta conducida, recordemos, por la ultra macrista Laura Alonso.
