No es fácil confrontar al sistema de poder establecido en los casos llevados a la justicia en nuestra provincia. Obstáculos, sinsabores, demoras, silencios, ocultamientos, cuando no la reversión de pasar de ser víctima a victimario.
Sandra Carral-Garcín, 25/05/2021
“Art. 4°- La actuación de las autoridades responderá a los siguientes principios:
a) Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los hechos conculcados;
c) Establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquél que intervenga en los procesos relacionados con las víctimas de delito”.
Del Capítulo II – Principios rectores de la Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos*
Hace un año el espíritu era pleno de esperanza en un mundo con una mayor movilización de las jóvenes generaciones por las cuestiones ambientales, en busca de mejoras para la sostenibilidad de su futuro a la vez del cuidado del planeta.
Con el Acuerdo de Escazú ya vigente desde el 22 de abril pasado, Día Internacional de la Madre Tierra, al haber sido ratificado por lo menos por 11 países de los firmantes, también se vio reforzada esta esperanza.
Porque no es fácil confrontar al sistema de poder establecido ni acceder a la representación necesaria en los casos llevados a la justicia, aquí en la provincia de Salta.
De los años de lucha en las calles perteneciendo a un grupo de familiares de víctimas fatales, muertas en circunstancias violentas, llevaré siempre la herida de las madres, los padres, los hermanos, los hijos, las familias y amigos de tantas personas cuyas vidas fueron interrumpidas con violencia por victimarios algunos de ellos identificados, y otros sin identificar.
No hay injusticia mayor que la muerte de un ser querido que no pudo y no puede defenderse. No hay dolor más grande que el no acceso a la justicia que debiera reparar lo irreparable… Porque es un deber del Estado asegurar el acceso a la justicia de todos.
A los luchadores se nos respeta de una manera especial, digo, no en la Ciudad Judicial, sino en las calles, en los lugares donde se nos reconoce después de años de alzar la voz en una sociedad patriarcal, sí, digo bien, acostumbrada al mutismo. Es que no muchos se animan a desafiar al sistema de opresión, hace falta un algo más para, desde el dolor y la revictimización de la injusticia, pretender que los mecanismos normales de una sociedad civilizada sean realmente efectivos.
Pero, he aquí la pregunta, ¿por qué es necesario que surjan estos luchadores, aun sabiendo lo que les espera, muy baja probabilidad de verdadera justicia si les tocó enfrentar los negocios o relaciones del poder establecido, en un sistema donde la gestiones se suceden para garantizar los intereses de las anteriores, y no el bien común como debería ser? Si hay luchadores es porque alguien desde su puesto de funcionario público no está cumpliendo con la carga pública asociada al sueldo que cobra con los impuestos que la sociedad entera paga.
El no poder ejercer sus derechos es el colmo en un sistema que exige mucho, pero que da poco a todo aquel que no goza de cierto estatus público cómodo. Lo vemos hoy en día, con los múltiples obstáculos para desenvolver una vida normal.
Pasando de la gravedad de la muerte con injusticia, a la lucha ambiental, pasa lo mismo. Obstáculos, sinsabores, demoras, silencios, ocultamientos, cuando no la reversión de pasar de ser víctima a victimario.
Así las cosas, ¿qué esperar en una sociedad donde el poderoso se declara vulnerable, y la víctima es victimario? También me pregunto dónde quedó el slogan tan mentado en el Desarrollo Sostenible “no dejar a nadie atrás” … Será, no dejar a nadie de los suyos atrás, el resto que se acomode como pueda.
El retroceso es grande, y mayor aún con el desmanejo de la situación pandémica, el cual lo sufrimos todos, en mayor o menor medida, pero, otra vez, son los más vulnerables los que más sufren.
No se ve a nadie arrancándose las vestiduras frente a las múltiples violaciones de derechos que actualmente existen. Será porque sus holgados sueldos llegan mensualmente a tiempo, y porque esta forma de hacer las cosas, imperfecta para los fines buscados (el confinamiento del año pasado puso al país en el podium de los muertos por millón), conviene también para evitarse el mal trago de ver a los luchadores desafiando la impunidad del poder con sus derechos a manifestar y de libre expresión.
Esperemos que pasados estos momentos de incertidumbre, pese a contar con la experiencia pandémica de más de un año, y con la ventaja siempre de poder anticipar acciones por nuestra posición geográfica que nos permitió siempre ver meses antes qué pasaba en el hemisferio Norte, las investigaciones que correspondan -que no se inician ahora, en relación con ciertas medidas arbitrarias que en absoluto corresponden con el ordenamiento constitucional para la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como tampoco corresponden a una supuesta efectividad buscada ni a los riesgos, maximizados en algunos casos y minimizados en otros- se abran como debe ser para juzgar la responsabilidad pública en muchos hechos injustos, no sólo ambientales, incluso con víctimas fatales.
Por lo menos, si no es aquí, queda la esperanza puesta en otras instancias (internacionales) que llevan muchos pasos adelante de nuestro país.
No es de este lado que está presente el incumplimiento de la ley, muy por el contrario, la lucha está vigente para que la ley se cumpla.
Referencias:
* Ley Nacional N° 27.372/2017 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276819/norma.htm
