Horacio Aguilar devino en socio de una inmobiliaria tras asumir en el máximo Tribunal de Justicia. El ministro Ricardo Villada dijo que no hay incompatibilidad, desconociendo el artículo 155 de la Constitución.
No deja de sorprender la degradación política que experimenta la provincia. Aunque no es una novedad que los poderosos burlen la ley en beneficio propio sin consecuencias alguna, si lo es que uno de los ministros más importantes de la provincia desconozca hasta el artículo de la Constitución que prohíbe la inconducta.
Todo comenzó a ser develado por el periodista Oscar Correa que desenfundó su cuenta de Twitter para escribir: “En junio de este año asumió Horacio Aguilar como Juez de la Corte de Justicia de #Salta. Un mes después, armó la empresa “Los Viñaco”. El artículo 155 dice que los jueces NO pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia”, escribió.
La observación es correcta. Textualmente el articulo 155 de la Constitución Provincial establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.
Pero eso no fue todo. Hoy mismo fue consultado al respecto el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y la respuesta sorprendió. El funcionario provincial señala que hay resortes dentro del esquema republicano de Gobierno y no es el Poder Ejecutivo encargado de adoptar y juzgar esas conductas. Recordó que enviaron un pliego para el nombramiento del doctor Aguilar hace poco tiempo y no van a “entrar en un proceso de desgaste” e instó a que “si alguien cree que hay incompatibilidad, deberá activar resortes correspondientes y haya un análisis y tomar medidas que corresponden”.
Por esta razón, Villada señaló que entiende que si puede ser parte de la sociedad y no entiende cuál es el problema porque lo que no debe haber son negociaciones incompatibles. Una vez más la política salteña viene a confirmarnos que los gobernantes saben menos que los gobernados. Villada finalizó diciendo que en el país hay jueces que tienen participaciones sobre diferentes empresas, pero no pueden ser directores, gerentes, accionando pero si parte de la composición accionaria.
