Está a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que actuó de oficio. “Es por lo que salió en distintos medios” explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio notificó formalmente al interventor del organismo, Emilio Savoy, sobre la apertura de la investigación y requirió la remisión de documentación administrativa interna vinculada a los hechos que tomaron relevancia pública. El requerimiento incluye la solicitud de copias autenticadas de las actuaciones administrativas que puedan aportar elementos relevantes al curso de la investigación en trámite.
“Es por lo que salió en distintos medios”, manifestaron desde el Ministerio Público Fiscal. También influyó el mensaje de hace unos días del gobernador Gustavo Sáenz al informr que retiraba el proyecto de ley que él había remitido a la legislatura. El mismo privaba de la obra social a los afiliados que se jubilen y establecía que los médicos debían recetar medicamentos genéricos. En medio del mensaje, Sáenz afirmó que había sospechas de sobrefacturaciones que se deben investigar.
Con respecto a la investigación en curso, la misma busca determinar si existieron conductas delictivas relacionadas con posibles sobrefacturaciones por parte de profesionales, prestadores y/o proveedores de servicios de salud, que pudieran haber generado un perjuicio económico al organismo provincial.