Un informe del CEPA relevó que los conflictos de empleo desde enero de 2024 son más de 700 y detectó que los despidos explican casi dos tercios de los casos. Las empresas nacionales y las pymes concentran la mayor parte del deterioro.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la conflictividad laboral en la Argentina escaló de manera sostenida. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado en base a coberturas periodísticas y publicaciones de sitios sindicales, registró «al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país» entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026, con la industria como el sector más afectado y los despidos como el principal detonante.
El estudio identifica a la apertura importadora, el deterioro del salario real y la política cambiaria como los factores estructurales detrás de la crisis, en contraposición al diagnóstico oficial que atribuye el problema a la legislación laboral vigente. Esa es, precisamente, la justificación que el gobierno y sus aliados esgrimen para impulsar la ley de «modernización» laboral que el Congreso Nacional busca sancionar en los próximos días.
La industria concentró el 62,1% de los conflictos relevados. Las ramas textil, alimentaria y metalúrgica y siderúrgica fueron las más perjudicadas, «fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora», según el informe. El sector Servicios explicó el 16,9% de los casos, con impacto en hotelería, transporte, medios de comunicación y sanidad, mientras que el sector Primario acumuló el 9,5%, con epicentro en hidrocarburos, pesca y minería. El Comercio representó el 8,2%, con supermercados como subsector más afectado.
Del total de los conflictos, el 63,6% tuvo su origen en despidos. Las empresas de capitales nacionales, más dependientes del mercado interno y el consumo, concentraron el 71,5% de los casos, frente al 27,2% registrado en firmas de capital extranjero. Las pymes fueron las más golpeadas, al explicar el 39,1% del total de los conflictos relevados.
Según informó Tiempo Argentino, uno de los datos más significativos del relevamiento es la aceleración del fenómeno tras las elecciones de medio término de 2025: la conflictividad se duplicó, pasando de un promedio de 24 casos mensuales hasta septiembre de ese año a 42 casos por mes en el período posterior. La supuesta estabilidad que el oficialismo atribuyó al resultado electoral no se tradujo en una mejora de las condiciones laborales.
En ese contexto se inscribe el cierre de la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), con 80 años de trayectoria y 920 trabajadores desvinculados, un caso que no está incluido en el informe del CEPA pero que la propia Unión Industrial Argentina (UIA) reconoció como consecuencia de «los condicionantes extremos de la política económica oficial».
