Tras el dictado de la Resolución 1107/2026 del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el diputado nacional por Salta Bernardo Biella formalizó un pedido de informes dirigido al presidente de la nación.
En los fundamentos del proyecto, Biella subrayó que el médico de cabecera “constituye el eje que vertebra el modelo asistencial del Instituto”, por lo que consideró indispensable fortalecer su rol mediante condiciones laborales y económicas adecuadas. En ese sentido, advirtió que el recorte de incentivos no solo perjudica a los profesionales, sino que pone en riesgo el funcionamiento integral del sistema.
También remarcó el perfil de la población asistida y la falta de alternativas ante un eventual deterioro del servicio: personas mayores con enfermedades crónicas y jubilaciones mínimas que les impiden recurrir a otros prestadores. “Se trata de un universo de extrema vulnerabilidad”, sostuvo, al tiempo que alertó que cualquier interrupción en la atención puede derivar en consecuencias graves para la salud de los beneficiarios.
“Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la fijación de la cápita en apenas 2.100 pesos. Según el diputado, ese valor fue establecido sin fundamentos técnicos claros, lo que permite inferir que la decisión responde exclusivamente a una lógica de ajuste presupuestario. A su entender, el nuevo esquema elimina la consulta presencial como fuente de ingreso, lo que genera un retroceso significativo en la economía de los médicos y desincentiva la atención directa de los pacientes”, sintetizó el sitio parlamentario.com que accedió a los fundamentos del proyecto.
El legislador también advirtió que el sistema obliga a los profesionales a absorber una mayor cantidad de prestaciones dentro de un pago fijo, sin ningún tipo de compensación. Ese escenario, afirmó, incrementa la sobrecarga laboral y afecta la calidad del servicio. En ese marco, alertó que la combinación de bajos ingresos y mayores exigencias puede derivar en renuncias masivas de médicos de cabecera, lo que impactaría de forma directa en el acceso al sistema por parte de los jubilados y pensionados. También hizo hincapié en la situación financiera del PAMI y en la acumulación de deudas con prestadores, además de la falta de insumos básicos en distintas regiones del país.
Finalmente, el diputado calificó a la Resolución 1107/2026 como una decisión inconsulta y reclamó su revisión urgente. Sostuvo que la medida no es puntual ni coyuntural, sino que revela un problema estructural del sistema de salud para adultos mayores. “No se están adoptando las respuestas urgentes ni las políticas públicas que exigen los cambios sociales”, concluyó.