Los «castigos» van desde la prohibición de la salida del país hasta embargos económicos, multas y probations. De un total de 747 inspecciones realizadas en Salta y otras 7 provincias, 287 incumplieron con la cuarentena.
El sábado informamos la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó que 4 de cada 10 personas que ingresan al país no llevan a cabo el aislamiento obligatorio que dispuso el Gobierno con el fin de frenar la llegada de variantes del Covid-19. La cifra se desprendió de las 747 inspecciones de domicilios, detectándose 287 incumplimientos (38%). Los controles, además de en CABA, se desarrollaron en Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Rioja, Corrientes, Jujuy y Salta.
Hoy se conocieron detalles sobre las penas que corresponden a estos infractores quienes, desde el vamos, tendrán que designar un abogado de manera particular. Con respecto a las penas, ya se supo que hay casos en que se le dicta la medida de prohibición de salida del país, a veces un embargo de unos 200.000 pesos y por lo general la sanción es una multa y/o una probation. Pero todo es variable. Hay jueces que imponen multa de 3.000 pesos, otros de 9.000, 50.000, 70.000 y algunos que optan por obligar al acusado a ir a ayudar a un comedor comunitario varias veces por mes.
Hoy en día sólo están abiertos los aeropuertos de Ezeiza, San Fernando y Aeroparque, de manera que los que vienen de viaje deben exhibir un PCR negativo antes de subir al avión y al llegar se les hace un test rápido de antígenos. Si este test da positivo, se los envía a un hotel donde deben cumplir la cuarentena hasta que un hisopado dé resultado negativo. Si el test rápido da negativo pueden irse a su casa, pero deben cumplir con la cuarentena de una semana, porque pueden tener síntomas a los dos o tres días. Lo que ocurrió es que Migraciones dispuso de funcionarios para hacer una inspección a los domicilios en ocho provincias –Salta entre ellas- de los que llegaron del exterior. Esa inspección dio como resultado que el 38 por ciento no estaba en esos domicilios.
Este martes, la Dirección de Migraciones, por orden del Ministerio del Interior, que conduce Eduardo Wado De Pedro, se presentó en las distintas jurisdicciones y denunció a las 287 personas que no encontró en sus hogares. Les imputó la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal.
El primero de los artículos es por “violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación y la introducción de una epidemia”. La pena prevista es de seis meses a dos años de prisión. El segundo artículo, el 239, es para quien desobedece a un funcionario que dicta órdenes legítimas y prevé penas de 15 días a un año de prisión. En ambos casos, al ser penas bajas, son de ejecución condicional.
