Del total de presidiarios, 92 no pertenecen a la jurisdicción. El fiscal general Eduardo José Villalba advirtió además sobre distintos problemas en esa unidad carcelaria.
“La principal y mayor preocupación tiene que ver con el nivel de respuesta en materia de alojamiento, lo que ya comenzó a hacerse sentir. Hasta hace unos meses atrás, gestionar cupos para los detenidos, en su mayoría por conflictos con la ley de drogas, no era un inconveniente, pero desde hace unos días, eso cambió y ahora se torna dificultoso”, sostuvo el fiscal Villalba quien visitó el complejo penitenciario en el marco de lo que establece el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Durante la visita, el equipo de trabajo del MPF pudo advertir serios inconvenientes en el Complejo NOA III, inaugurado el 27 de julio de 2011 en la localidad de General Güemes. En su inicio, la unidad poseía una capacidad de 200 plazas para mujeres y 288 para varones. “Sin embargo, el sector masculino se vio superado, puesto que actualmente aloja un total de 412 internos, de los cuales 92 fueron trasladados en los últimos meses desde otras jurisdicciones, en su mayoría de los penales de la ciudad de Posadas, Misiones; de Tucumán; y de las unidades del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” destacó en su edición de hoy el diario El Tribuno.
En menor proporción, hay otros reclusos derivados de Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Concepción del Uruguay, Resistencia y Formosa, entre las cárceles más cercanas, a lo que se suman otros provenientes de penales alejados, como Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y San Juan. “Pudo establecerse que el 22% de las plazas están ocupadas con internos cuyo alojamiento no corresponde. En el caso de las mujeres, ese promedio es similar, de 23 %, al igual que el registro total del complejo penitenciario” agregó el medio citado.
En cuanto a la situación de los reclusos y reclusas que llegaron de otras jurisdicciones, del total de hombres y mujeres, 59 están con condenas, mientras que el resto (53) se hallan procesados. “Más allá de los problemas de alojamiento que esta superpoblación causa, existen otros más, como los referidos a la alimentación, asistencia de salud, actividades de trabajo y capacitación”, agregó el fiscal general.
