La justicia rechazó la excarcelación de Gladis Salazar, dueña del predio fronterizo donde operaba una red ilícita. Hay cuatro prófugos, entre ellos su hermano Alfredo, señalado como organizador de la estructura que habría generado una recaudación ilegal de 3.000 millones de pesos anuales.
A cuatro meses del megaoperativo en Aguas Blancas que derivó en la clausura de Finca Karina y la desarticulación de una estructura de contrabando, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta resolvió extender la prisión preventiva de Gladis Salazar, única detenida en la causa. La mujer es titular registral del inmueble fronterizo donde funcionó durante años una red de contrabando en plena Zona Segura de Frontera.
El tribunal integrado por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de Salazar, técnica farmacéutica que se desempeñaba en el Hospital San Vicente de Paul de San Ramón de la Nueva Orán. Los magistrados determinaron que la imputada presenta un nivel de protagonismo superior al de otros involucrados que recuperaron la libertad bajo condiciones estrictas.
La investigación se inició tras los allanamientos de agosto, en los que participaron unos 170 efectivos de fuerzas federales y provinciales. El fiscal federal de Orán, Marcos Romero, formalizó la imputación contra 11 personas por asociación ilícita y contrabando agravado. Actualmente, diez imputados transitan el proceso en libertad con prohibición de salir del país, obligación de presentarse cada 15 días en Gendarmería y restricción absoluta de acercarse a Finca Karina, que permanece clausurada bajo custodia del Plan Güemes.
Salazar adquirió el predio a su hermano Alfredo en febrero de este año, cuando la actividad de contrabando se encontraba en plena operación. El juez French explicó que el tribunal buscó «separar la paja del trigo» y señaló que el inmueble «funcionaba peligrosamente como una aduana paralela con un enorme perjuicio al Estado». La imputada aseguró que nunca había estado en el lugar, pero el fiscal Romero presentó pruebas que indicaron que su teléfono celular impactó al menos siete veces en el predio.
La defensa sostuvo que no deberían atribuírsele las responsabilidades de su hermano Alfredo, quien se encuentra prófugo y es señalado como uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita. Sin embargo, French advirtió que Salazar «se vinculó contractual y patrimonialmente» con él y que aún no está claro si actuó como simple prestanombre o tuvo una participación más activa, como sostiene la fiscalía.
Según informó El Tribuno, el tribunal también cuestionó un contrato de arriendo vinculado a supuestas plantaciones de las que no se halló evidencia. Entre los prófugos se encuentran Alfredo Salazar, José Cardozo y otros implicados. Los camaristas indicaron que los elementos reunidos señalan que el resto de los imputados tuvo roles de menor relevancia en comparación con los hermanos Salazar y otros prófugos en una causa que habría generado una recaudación ilegal estimada en 3.000 millones de pesos anuales.