Lo dispuso un Juez Federal de Orán tras el habeas corpus preventivo presentado por organismos de DDHH. El mismo pide prohibir el operativo hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad del decreto y la resolución que lo habilitaron.
El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar ayer a un pedido del fiscal federal Marcos Romero y remitió un oficio al Ministerio de Defensa de la Nación requiriéndole información sobre la Operación Roca que habilita la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
“El fiscal dictaminó que el Juzgado Federal de la ciudad de Orán es competente para entender en la acción de habeas corpus colectivo preventivo presentada el 26 de mayo por organismos de derechos humanos de Salta pidiendo que se prohíba la aplicación de esta Operación hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad que hicieron en contra de los decretos de necesidad y urgencia 1107/24 y 1112/24 y de la resolución ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas fronteras adentro”, destaca la sección local del diario Página 12 en su edición de hoy.
En el dictamen el fiscal pidió que el Ministerio de Defensa dé detalles sobre la operación militar que prevé desarrollar en las zonas inhóspitas de la frontera norte. A su vez, el juez le requirió a Defensa que informe si la Operación «se encuentra actualmente en su faz operativa en la frontera norte de la provincia de Salta y se precise en qué ciudades/localidades se efectúa el despliegue del personal de las Fuerzas Armadas».
Asimismo, le requirió que precise «el alcance y sentido de las reglas de empeñamiento que conforman el Anexo I» de la resolución 347 de la cartera de Defensa. Estas reglas, las directivas que indican cuándo y cómo pueden usar la fuerza durante operaciones, permanecen secretas por ahora.
El juez también pidió que Defensa «explique en caso de detención de personas por parte del personal de las Fuerzas Armadas, cuál sería el protocolo contemplado para la comunicación y puesta a disposición de las autoridades judiciales». En este punto, el magistrado recordó que en la provincia de Salta se encuentra vigente el Código Procesal Penal Federal que contempla el sistema acusatorio adversarial, al que debería ajustarse el protocolo.