El hombre y la mujer quedaron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por tratarse de víctimas menores de edad.
La imputación fue formulada por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo el viernes último en una audiencia realizada ante el juez federal de Garantías Julio Bavio. La pareja que fue detenida la semana pasada está acusada de gerenciar un circuito de explotación sexual de menores de edad que funcionaba en departamentos de la capital salteña bajo la modalidad de “servicios de citas”.
La causa se inició el 16 de agosto de 2024 cuando un llamado al sistema de emergencias 911 de la Policía de Salta alertó sobre la presencia de un hombre adulto junto a una chica menor de edad en un edificio ubicado en calle 12 de Octubre al 100. Al llegar a ese lugar, el personal policial fue informado por el conserje y el administrador del inmueble que ambos habían ingresado a un departamento.
Al tocar la puerta, los agentes fueron atendidos por una adolescente de 17 años. El hombre intentó huir, pero fue retenido y puesto a disposición de la Policía. En el departamento también se hallaron preservativos y otros elementos compatibles con un encuentro sexual. Fue en ese contexto que uno de los ahora imputados se presentó en el lugar y manifestó ser primo de la adolescente que luego negó la versión y aportó indicios que hacían presumir que se trataba de un encuentro sexual previamente pactado.
La fiscalía federal profundizó la investigación y en la audiencia del pasado viernes dio detalles sobre cómo operaba la red: mientras el hombre captaba a las víctimas, su pareja coordinaba los encuentros sexuales a través de un sitio web de citas sexuales. Una vez que los potenciales clientes se contactaban, la negociación sobre precio, lugar y horario se pactaba mediante un grupo de Telegram.
Por lo general, la actividad se daba en entre las 15 y las 21 horas en los departamentos que alquilaba uno de los imputados que lograba concretar cuatro a cinco citas por jornada. Según la investigación, el valor de cada encuentro oscilaba entre 30.000 y 35.000 pesos, con montos mayores en caso de servicios con dos menores de edad a la vez. Una de las víctimas declaró que cuando el pago era en efectivo, debía entregar una parte del monto a uno de los imputados que también recibía pagos mediante transferencias bancarias.