Referentes del sector advierten que el Estado nacional no transfiere recursos desde octubre. Las instituciones prestadoras de servicios acumulan deudas y los beneficiarios carecen de medicamentos y equipamiento básico.
El gobierno nacional lleva meses sin enviar los fondos destinados a las instituciones que asisten a personas con discapacidad en Salta, pese a las gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz y el diputado Biella ante las autoridades nacionales. Como respuesta a esta situación, se presentó en Buenos Aires una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo, de Economía, y Mario Lugones, de Salud, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y abuso de poder.
Elena Arce, presidenta de la Fundación ANIDAR, confirmó que los pagos no se normalizaron pese a las promesas recibidas. «Lo que les dijeron es que iba a salir la semana anterior. El viernes hablamos con el diputado Biella y le dijeron que están saliendo pagos, pero que no se puede pagar a todos juntos», declaró la dirigente, quien subrayó que en tres décadas de trayectoria en el sector nunca se había registrado una demora de esta magnitud.
Arce señaló que, en medio de los anuncios que calificó de falsos, los beneficiarios se encuentran sin acceso a medicamentos, sillas de ruedas y otras atenciones esenciales. A eso se suma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley orientado a combatir el fraude en pensiones por invalidez, sin haber cumplido aún con la Ley de Emergencia en Discapacidad. «El solo nombre nos da escozor. Con este discurso están desde que asumieron», afirmó la referente. La iniciativa obligaría a los beneficiarios a empadronarse nuevamente y a presentar toda su documentación: «¿Cuántas veces quieren verificar lo mismo?», cuestionó Arce.
Según informó FM Aries, que entrevistó a Arce, el gobierno ya habría realizado una auditoría previa que determinó la legitimidad de los actuales beneficiarios, lo que hace aún más cuestionable, para los referentes del sector, la exigencia de un nuevo proceso de acreditación.