viernes 1 de marzo de 2024
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Ex marino será juzgado en EEUU | La hija de la salteña fusilada en Trelew hace 50 años es una de las demandantes

Roberto Bravo remató a los guerrilleros fusilados de 1972. La salteña Ana María Villarreal fue víctima y su hija Marcela Santucho fue pieza clave para juzgar al marino que tras la masacre fue trasladado a Washington e hizo fortuna en EEUU.

El 28 de febrero comenzará en Estados Unidos el juicio civil contra el exteniente de la Armada Argentina, Roberto Guillermo Bravo, por su participación en los fusilamientos de militantes detenidos en la Base Almirante Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972. El hecho pasó a la historia como la «Masacre de Trelew».

El juicio se desarrollará ante una corte federal del distrito sur de Florida, donde Bravo reside desde 1973 y sobre quien pesa un pedido de extradición que se tramita por separado. La información fue difundida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su página oficial.

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Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas demandaron a Bravo por su papel en el fusilamiento. Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueger (Bonet) y Marcela Santucho son los familiares de cuatro de las víctimas de la Masacre de Trelew que en los años posteriores buscaron respuestas y castigos por las ejecuciones. Lo consiguieron amparándose en la ley de protección de víctimas de tortura, TVPA, por sus siglas en inglés. Marcela Santucho es hija de quien fuera Ana María Villarreal de Santucho quien era militante del PRT y esposa de Roberto Santucho, el fundador de ese partido y del brazo armado del mismo: el ERP.

“Bravo conspiró y actuó de manera concertada con uno o más integrantes de las fuerzas militares argentinas de acuerdo con un plan, diseño y esquema común para torturar a los prisioneros políticos detenidos en la base Almirante Zar y para llevar a cabo la masacre de Trelew, como resultado de la cual Rubén Bonet, Eduardo Capello I, Alberto Camps y Ana María Villarreal de Santucho fueron sometidos a las violaciones aquí descritas”, dice la demanda, presentada por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés), los estudios de abogados Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El testimonio que los tres sobrevivientes de la masacre (María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar) le dieron a Francisco “Paco” Urondo en una entrevista en la cárcel el 24 de mayo de 1973 para su libro “La Patria fusilada”, documenta la participación de Bravo en los hechos.

Bravo aparece allí como el marino que hacía desnudar a los militantes detenidos para que hicieran cuerpo a tierra, ordenarles que se pararan lejos de la pared y se apoyaran con la punta de los dedos durante tiempos prolongados y el que pateaba a los presos con el fin de evitar que durmieran, otra forma de tortura.

La madrugada de la masacre Bravo era jefe de turno de la guardia y despertó a los presos a las 3.30. “Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero”, les gritó. Los 19 guerrilleros debieron salir de los calabozos, armarse en dos filas y mirar al piso. La primera ráfaga de ametralladora la lanzó el cabo Carlos Marandino y dio en la hilera de la derecha. Algunos murieron en el acto, otros quedaron tendidos, heridos, y otros se refugiaron en sus celdas. Sosa y Bravo recorrieron los calabozos para dar los tiros de gracia.

El sobreviviente Camps relató que junto con Delfino se tiraron cuerpo a tierra en sus celdas y todavía estaban ilesos. En eso “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario”.

Otra de las sobrevivientes, Berger, también recordó que le disparó Bravo, que estaba de azul. Minutos después de la “orgía sangrienta”, mientras sacaban los cadáveres, “viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!’. Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando, pese a que ya se me había parado mucho la hemorragia”.

Fue ella la que escuchó, minutos después, que inventaban la versión que luego difundiría la Armada y el dictador Alejandro Lanusse sobre la teoría de que los mataron porque el detenido Mariano Pujadas intentó quitarle el arma al capitán Sosa. Esa versión la mantuvo el propio Sosa durante el juicio que terminaría en su condena en 2012 y que no escuchó porque murió en el proceso. En esa declaración, en la que el capitán sostuvo la mentira del ataque de uno de los presos, identificó a Bravo como uno de los que fusiló a los militantes.

A los pocos días del fusilamiento Bravo abandonó Trelew. Según Sosa en el juicio mencionado, Bravo estuvo escondido en Puerto Belgrano un tiempo y luego fue enviado a EEUU como agregado militar de la Embajada argentina en Washington. Se mantuvo a salvo de la Justicia hasta casi el final de la primera década de los 2000, cuando se reabrieron los archivos y se inició la investigación de los responsables de la masacre.

En el año 2008 el diario Página 12 reveló que Bravo vivía en Florida y que gracias al éxito de su empresa, RGB Group inc. se había hecho millonario. Ese mismo año, el juez federal Hugo Sastre, que investigó el fusilamiento, pidió su captura internacional.

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