La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, se podrán agilizar los operativos de desalojo que haya sobre territorios que grandes terratenientes reclaman como propios.
De ese modo se derogó la Ley Nº 26.160 y el Decreto Nº 805 del 17 de noviembre de 2021. En el segundo artículo de la mencionada ley se suspendían los desalojos de las tierras ocupadas por las comunidades desde el 2006 hasta que se realizaran en todo el país las tareas de relevamiento territorial de las comunidades. Como la tarea nunca llegó a concluirse, los gobiernos empleaban los decretos para suspender los desalojos para permitir que las tareas de relevamiento continuaran. El decreto 805 del 17 de noviembre del 2021 extendía la emergencia y la suspensión de los desalojos hasta noviembre del 2025.
La ley y el decreto fueron eliminados por otro que firmaron el presidente Javier Milei, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. Entre los considerandos, el Ejecutivo señaló que esta suspensión “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”.
“La Ley N° 26.160 y la prórroga excesiva de la emergencia, ha dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado”.
Es por esto que en la medida señalaron que “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”.
La medida está a tono con lo ocurrido el pasado 11 de noviembre cuando el canciller argentino, Gerardo Werthein, fue el único que votó en contra de una resolución de la ONU en favor de los derechos territoriales, sociales y culturales de los pueblos originarios. Una postura curiosa porque, como ya lo precisáramos en Cuarto, según el Censo 2022 en nuestro país un total de 1.306.730 personas se identificaron como indígenas o descendientes de pueblos originarios. Esa cifra representa el 2,9% de la población total en viviendas particulares. De ese total, la provincia de Salta aparece como el distrito con mayor cantidad de originarios: 142.870 personas, siendo el departamento General José de San Martin el que registra la mayor cantidad de esta población, con 42.352 individuos.
