Si el romerismo vendió las joyas de las abuelas privatizando empresas públicas y el urtubeicismo se endeudo al extremo; los diputados del actual oficialismo quieren hacer plata rematando desde autos hasta computadoras.
El proyecto podría tratarse en el día de hoy y por ello se encuentra en el acta de labor parlamentaria de la fecha. Lleva la firma de varios miembros del bloque “Salta tiene futuro” – Javier Diez Villa, Laura Cartuccia, Noelia Rigo, Enrique Sansone y Socorro Villamayor – y en lo central, la iniciativa propone “autorizar, por única vez y en forma excepcional, al Poder Ejecutivo Provincial para que proceda a la venta en subasta pública de todos los bienes muebles registrables y no registrables –que no prestan utilidad en ninguna repartición- de propiedad del Poder Ejecutivo Provincial, Organismos Autárquicos y Sociedades del Estado”.
Traducido: rematar autos, camiones, acoplados (bienes resgistrables) hasta computadoras, sillas, escritorios, etc. (bienes no registrables) para conseguir dinero que se depositaría en una cuenta del banco Macro para luego destinar un 50% del monto en créditos sin interés mientras el 50% restante se usaría para comprar vehículos. Según el acta de labor parlamentaria, la iniciativa cuenta con dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; aunque falta las firmas de la Comisión de Legislación General. No obstante, varios coinciden en que el proyecto pincela bien a los integrantes del principal bloque oficialista de la Cámara de Diputados de Salta: ideas cortas para generar recursos genuinos y poca solvencia técnica en la elaboración de proyecto.
Con lo primero hacen referencia a la búsqueda del dinero sólo a partir de una transacción comercial de corto alcance y que – en nombre de la emergencia – buscan poner en manos del ejecutivo lo que en principio depende de muchos organismos. Y es que el proyecto pretende – en nombre de la excepcionalidad – que el gobierno centralice los procesos de subasta para evitar que los organismos de administración pública centralizada y descentralizada realicen su propio procedimiento, algo que alargaría los tiempos del mercadeo.
Pero para que eso ocurra, aseguran otros, el proyecto debería prever algo que no hizo: dejar sin efecto el art. 16 de la Ley 8072 que justamente establece para efectuar un procedimiento para venta de bienes de propiedad del Estado se debe contar con autorizaciones especiales y seguirse los procedimientos que correspondan de acuerdo a las normas sobre gestión y disposición de ese tipo de bienes.
