
Gustavo Orozco es legislador por Rosario de la Frontera. Junto a otros policías está imputado por torturas, privación ilegítima de la libertad y vejaciones.
La defensa técnica a cargo de Nicolás Vedia argumentó en su pedido ante la justicia que había transcurrido el plazo máximo previsto por el Código Penal para que Orozco y sus camaradas sean juzgados.
Esto se conoce como “plazo razonable” y se suele aplicar en la mayoría de los casos, pero en este caso, el juez de Garantías de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán Salustros, rechazó el pedido. El magistrado explicó que cuando se trata de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos la ponderación debe tomar en cuenta otros factores vinculados a la gravedad del hecho y a la afectación que la impunidad produce en los derechos de las víctimas.
“Si bien para la defensa se avasalla el derecho a un juicio en un tiempo razonable, para esta judicatura, está en juego la defensa de la dignidad humana”, concluyó Guzmán Salustros.