Claudio Lozano y Víctor De Gennaro piden reformar el Sistema Político para combatir a la corrupción y advierten que ni el contexto ni la venalidad Judicial, justifican una mirada concesiva del enriquecimiento ílicito de funcionarios públicos.
Los principales referentes de ese partido a nivel nacional alertaron sobre la necesidad de superar discursos mistificadores y contradicciones falaces para poder examinar con seriedad y no ocultar lo que ocurre en la realidad. El escrito fue difundido hoy por las redes sociales y aquí lo transcribimos:
Cuando hablamos de corrupción, aludimos expresamente al vínculo del poder económico con el sistema institucional. Vínculo este, que tiene características que varían históricamente. ¿Quién puede dudar del vínculo corrupto que caracterizó la relación del poder económico con el Estado en épocas de la Dictadura? Vínculo que permitió el asalto a los recursos públicos y la expansión de un nuevo poder económico a la sombra de los sobreprecios, las concesiones, y los negocios con el Estado.
Podemos recordar también el fenómeno de la corrupción menemista, donde el festín privatista requirió de “retornos” que permitieron la subordinación del PJ a los intereses del capital financiero y los grupos más concentrados, posibilitando de este modo, la implementación del saqueo neoliberal.
Hoy queda cada vez más claro que por detrás de lo que solemos mencionar como corrupción, se juegan distintas cuestiones. Por un lado, el fenómeno de la cartelización y los sobreprecios en la obra pública, por otro, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, y por último, el financiamiento espurio e ilegal de la actividad política.
Más allá de las irregularidades de los procesos que lleva adelante este Poder Judicial, el desfile de funcionarios, jueces y empresarios, no hace otra cosa que colocar a la luz pública buena parte del fango en que se ha transformado el sistema político dominante. La corrupción del régimen capitalista, de los millonarios que gobiernan promoviendo sus negocios en el marco de la ideología neoliberal, no supone sorpresa alguna. Es la lógica de un sistema que repudiamos. La corrupción de aquellos que se enriquecieron mientras enarbolaban discursos de compromiso con los intereses populares, constituye un verdadero fraude político. Fraude que hoy, incluso, sigue siendo el único argumento con el que el gobierno actual pretende legitimar su política de endeudamiento y destrucción de las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Lo que acontece es una evidencia más de la necesidad de impulsar una profunda renovación del sistema político cuya clave debe ser casualmente su autonomía respecto a los factores de poder y no el vínculo subordinado a estos. El compromiso con una política emancipatoria que termine con la desigualdad, exige la construcción de una fuerza política de estas características capaz de encarar una profunda democratización institucional que, obviamente, deberá incluir la transformación en profundidad del Poder Judicial.
Esa construcción requiere ser capaces de identificar los intentos que la estrategia norteamericana en la región despliega hoy para debilitar los avances populares, para subordinar al capital financiero y trasnacional el sistema de compras públicas, y para construir una alternancia conservadora como lógica del régimen político de nuestros países.
Desde Unidad Popular, entendemos que el único antídoto frente a funcionarios que utilizan los cargos públicos en beneficio personal, es avanzar en una profunda democratización del aparato estatal. Sabemos que para terminar con la cartelización de la obra pública necesitamos de políticas y legislación anti-monopólica, y asumimos que no hay reforma política que valga si no se pone en discusión, en primer lugar, el financiamiento de la política y el impacto que este tiene en la captura y el direccionamiento de los recursos y las políticas públicas.
La Argentina de la democratización, la igualdad y la emancipación no necesita ni de los millonarios offshore ni de aquellos que se transformaron en millonarios traficando los bolsones de plata sucia de las coimas aportadas por los empresarios de la “Patria Contratista”.
