Desde la delegación salteña del organismo emitieron un comunicado señalando que en lo que va del año tenemos más 900 denuncias por abusos policiales en la provincia.
Tras la polémica desatada por un cruce entre la Fiscal de DDHH Verónica Simesen de Bielke y el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, desde la delegación salteña del INADI, comandada por Gustavo Farquharson, se sumaron al debate. Lo hicieron para recordar la urgencia de contar con el Comité para la Prevención de la Tortura.
El pedido del INADI se justifica por muchos motivos. Entre ellos, señalan que «según estadísticas de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, durante el 2020 las Fuerzas de Seguridad fueron uno de los diez ámbitos más consultados por la población. Asimismo la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke informó que desde enero a la fecha, fueron recibidas 900 denuncias por abusos policiales en la provincia de Salta».
Bajo el extenso nombre de «Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes», esta oficina se encargará de «diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes».
Más adelante señalan que «las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos se
intensifican considerablemente para aquellas personas que se encuentran socialmente identificadas por estas variables. En este sentido, no es lo mismo ser joven que ser joven e indígena, o que ser joven, indígena y estar en situación de pobreza».
«Además, es necesario el fortalecimiento de la justicia para sancionar a las personas responsables de este tipo de delitos y reparar a las víctimas, rompiendo el patrón común de la impunidad», señalan antes de finalizar.
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