La Agremiación Judicial lleva adelante movilizaciones en distintas ciudades judiciales de la provincia. El sindicato plantea también la regularización de trabajadores contratados y capacitaciones frente a la digitalización del sistema.
El secretario general de la Agremiación Judicial de Salta, Matías Aramayo, encabeza un estado de alerta y movilización que abarca distintas ciudades judiciales de la provincia. El eje del reclamo es una mejora salarial que el gremio considera urgente ante la situación de los trabajadores del Poder Judicial.
«Queríamos demostrar y mostrar cuál es el reclamo. Esto se resume a algo muy sencillo: hoy por hoy, a través de los datos de la Federación Judicial Argentina, los empleados judiciales son de los peores pagos del país», sostuvo Aramayo. La comparación incluye provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco, donde trabajadores con funciones similares perciben salarios más altos.
En febrero, los ingresos de bolsillo de quienes ingresaban al Poder Judicial rondaban los 815.000 pesos en servicios generales y los 871.000 pesos en el área administrativa, según publicó Nuevo Diario. Los contratados en servicios generales cobraban 754.000 pesos. Aramayo indicó además que hay trabajadores con hasta 13 años de antigüedad bajo esa modalidad, sin una relación laboral formal.
«Necesitamos que el compañero judicial no esté pensando en cómo llegar a mitad de mes, sino en cómo brindar un mejor servicio a la gente que busca soluciones en la Justicia», expresó el secretario general de la Agremiación Judicial.
Tras las movilizaciones, la doctora Ada Zunino convocó al gremio. «Nos comentó que va a comenzar a trabajar, que comparte la situación crítica que tenemos por el sueldo y la falta de poder adquisitivo, y se comprometió a comenzar a trabajar», señaló Aramayo, al referirse al primer acercamiento con la magistrada.
En relación al proceso de modernización del sistema judicial, Aramayo afirmó: «Estamos saliendo del papel para ir a expedientes digitales. Entonces necesitamos también remuneración y capacitaciones para poder hacer frente a este servicio que brindamos los judiciales». El dirigente cerró el planteo: «No estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo tener sueldos dignos que permitan llegar, por lo menos, a la canasta básica».