Lo ejemplificó con la anunciada derogación de la ley 81911 (ex decreto 255) que fue impugnada durante meses por la oposición salteño, funcionarios nacionales y organismos de derechos humanos.
El gobierno de la provincia anunció ayer varias medidas en el marco de la pandemia. Entre ellas el envió a la legislatura de un proyecto de extensión del aislamiento que por primera vez será debatido por los legisladores, como así también la derogación del decreto luego convertido en ley que creaba el régimen excepcional sancionatorio que facultad a la policía a detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena a los supuestos infractores de la cuarentena, omitiendo la intervención de autoridades judiciales.
La normativa había recibido el repudio de muchísimos sectores. También del diputado Carlos Zapata quien ayer aseguro que el Gobierno pudo haberse evitado un gran desgaste si hubiera escuchado los planteos de la oposición. “Derogar la Ley 81911 y pasar al régimen Contravencional es lo que veníamos reclamando desde la oposición”, señaló por FM Aries. En ese marco, consideró un despropósito “todo el descrédito y desgaste que tuvo el Gobierno por mantener en vigencia este decreto abiertamente inconstitucional, que fue objeto de reproche de organismos de Derechos Humanos y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados, y los reproches a nivel político. Se hubiese evitado bastante desgaste si no hubiesen tenido esta cerrazón de no escuchar a la oposición, que tuvo ánimo de contribuir y legitimar la existencia de un régimen sancionatorio pero dentro de la Constitución porque juramos por ella”, dijo.
