Comienza el año legislativo y el bloque justicialista fustigó duramente al gobierno nacional. A la crítica por el modelo económico le sumaron la repudiable práctica de enviar recursos a intendentes y gobernadores aliados, marginando a Salta.
En este año legislativo que está próximo a comenzar, los diputados del bloque Justicialista tendremos la mayúscula tarea de defender desde la Legislatura los intereses de los salteños, en un contexto de crisis nacional que repercute con mayor intensidad en todo el NOA y particularmente en nuestra provincia.
Aunque el gobierno nacional pretenda desde las palabras hacer creer que la inflación baja, las tarifas de servicios siguen subiendo, el transporte ante la pérdida de subsidios también aumenta, los alimentos mes a mes están más caros y la nafta, insumo vital para movilizar cualquier economía, en la región se volvió prácticamente un artículo de lujo.
Todavía seguimos esperando la lluvia de inversiones, los brotes verdes y los incentivos a las economías regionales, por el contrario en los últimos dos años vimos un marcado deterioro de la situación del país, que implicó un aumento del desempleo y la crisis de industrias de vital importancia para la provincia como los dos ingenios azucareros y el sector vitivinícola, por citar solo dos ejemplos.
Solo el sector financiero fue favorecido con las altas tasas que siguen endeudando el país, lo que incentiva la llegada de inversiones que huyen raudamente una vez obtenidas las ganancias, sin dejar ningún rédito al sector productivo.
Referentes del oficialismo se rasgan las vestiduras señalando al aumento del impuesto a los Ingresos Brutos como el origen de todos los problemas, pero ocultan que fueron las propias medidas nacionales las que llevaron a esa situación de asfixia a las provincias, y que desembocó, bajo amenaza de restringir aún más el envío de fondos, en la firma de un pacto fiscal que delega la política económica a gurúes de escritorio en Buenos Aires que solo se manejan con estadísticas, sin importarles que detrás de esos números haya personas que sufren día a día para subsistir.
Conocida es la dependencia de Salta con respecto a los fondos nacionales coparticipables, y cualquier disminución de ese recurso dificulta la obligación que tiene el Estado Provincial de brindar a los ciudadanos educación, salud y seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que una importante parte del presupuesto se destina a pagar los salarios de docentes, médicos y policías.
Desde el año 2016 el gobierno nacional resolvió cambios tributarios que redujeron la masa de fondos coparticipables (impuestos a las Ganancias, retenciones al agro y la quita progresiva de subsidios), al mismo tiempo que la inflación se duplicó y hubo una fuerte devaluación del dólar. A partir de entonces las cuentas públicas de Salta y de la mayoría de las provincias se desequilibraron, producto de la menor percepción de ingresos y el tener que afrontar los aumentos salariales acordes a los niveles de la inflación.
A esto se suma que Salta se encuentra relegada en la consideración del gobierno nacional, que opta por mandar, sin criterio ni disimulo, enormes recursos a intendentes y gobernadores aliados, replicando y hasta superando una “vieja política” que el macrismo decía venir a cambiar.
Mientras tanto la provincia tiene que afrontar una crisis en el norte provincial por las recientes inundaciones para las que deberá desembolsar 500 millones de pesos en recuperar la zona. Desde la nación solo aportaron 10 millones de pesos, cifra similar a la que enviaron a los candidatos salteños de Cambiemos para afrontar el último tramo de campaña de las elecciones pasadas.
Este es el panorama que encuentra el bloque de diputados del PJ, por lo que nuestro compromiso y tarea es trabajar en leyes que desde lo social permitan menguar la crisis para los salteños.
Además es nuestra obligación ser la voz de los más necesitados, elevando los reclamos y gestionando soluciones las veces que sean necesarias hasta obtener respuestas.
En cuanto a los proyectos, desde el PJ estamos dispuestos a hacer un balance y, si es necesario, modificar la política fiscal salteña, sosteniendo un esquema impositivo progresivo que tome en consideración las últimas variables macroeconómicas nacionales y priorice la producción agroindustrial e industrial salteña.
Seremos férreos defensores del empleo. La pérdida de trabajo es la situación más afligente a la que se enfrenta una persona, por lo que colaboraremos en todo lo necesario para que el sector privado pueda mantener los niveles de trabajo y que ningún ajuste al que deba recurrir la provincia implique la eliminación de los puestos laborales.
Otra de las tareas a la que nos abocaremos es a la conformación de una mesa de trabajo que tenga como objetivo modificar el Código Procesal Civil y el reemplazo del Código Contravencional, en consideración de que en ambos casos se necesita una normativa siempre actualizada y acorde a los tiempos que corren. Además desde el peronismo estamos dispuestos a participar del debate para reformar la Constitución, recordando que uno de los proyectos vigentes al respecto fue presentado por nuestro bloque.
También seguiremos avanzando en leyes que ayuden a combatir la violencia de género, las estadísticas siguen siendo negativas para la provincia y los hechos a diario demuestran que hay mucho camino para recorrer. En el corto plazo propondremos el tratamiento de dos proyectos de ley ya presentados que establecen licencias laborales para mujeres víctimas de violencia y un subsidio para aquellos menores que queden en estado de indefensión y vulnerabilidad económica producto de un femicidio.
Será un año intenso, de mucha gestión, pero que encararemos como siempre lo hizo el peronismo, representando los intereses del pueblo y no solo del sector más rico de la sociedad tal como lo hace el actual gobierno nacional.
