jueves 6 de febrero de 2025
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Dirigentes populares de Jujuy enfrentan juicio por protestar contra reforma constitucional de Gerardo Morales

Veinte líderes sociales podrían ir a prisión por manifestarse el 20 de junio de 2023. Los acusados denuncian persecución política y piden apoyo de la sociedad ante lo que consideran un proceso judicial injusto.

Una veintena de dirigentes populares jujeños se encuentra al borde de un juicio por su participación en las protestas contra la reforma constitucional provincial impulsada durante la finalización del mandato de Gerardo Morales, en 2023. El juez Rodolfo Fernández decidirá el próximo martes si los imputados por resistencia a la autoridad, lesiones y daños enfrentarán un proceso judicial.

Los acusados, entre ellos Miguel «Kolla» Ramos del Partido Político AJI20, afirman que las causas en su contra están «armadas» y que el magistrado ya tiene preparada la elevación a juicio. Según Ramos, la situación refleja la falta de independencia judicial en la provincia, donde el poder político, anteriormente bajo Gerardo Morales y ahora con Carlos Sadir, ejerce una influencia indebida sobre las decisiones judiciales.

La controversia se centra en los eventos ocurridos frente a la Legislatura jujeña, donde los manifestantes se opusieron a una reforma constitucional que consideran regresiva. Los imputados sostienen que fueron víctimas de una represión policial injustificada y que las autoridades montaron un escenario para criminalizar la protesta social. Argumentan que la nueva Constitución amenaza derechos fundamentales y facilita el saqueo de recursos naturales.

Los dirigentes acusados han pasado por cinco audiencias intensivas y ahora esperan la decisión del juez Fernández. Han solicitado sin éxito la recusación del magistrado, alegando parcialidad. Ante esta situación, hacen un llamado urgente a la solidaridad nacional, pidiendo a organizaciones sociales y medios de comunicación que visibilicen su caso y denuncien lo que consideran una injusticia y un intento de silenciar las voces disidentes.

El caso ha puesto de relieve las tensiones políticas y sociales en Jujuy, con los acusados advirtiendo que la situación en la provincia podría ser un presagio de políticas represivas a nivel nacional. Los dirigentes, a pesar de enfrentar posibles penas de prisión, afirman que continuarán su lucha por los derechos del pueblo jujeño y llaman a la organización colectiva como única vía para enfrentar lo que perciben como un avance autoritario.

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