El juez Marcelo Domínguez admitió que la demanda que solicitó no fue “oportuna”. La nota exigiendo más plata o días de vacaciones llevaba la firma de él y otros dos magistrados: María Domínguez y María Inés Casey.
Amplia repercusión tuvo ayer la información difundida por CUARTO: El desmesurado pedido de los jueces al Presidente de la Corte de Justicia fechada el día 28 de agosto, dos días después de la Acordada N° 13.175 que dispuso la última Feria Judicial Extraordinaria a raíz de la circulación viral comunitaria del COVID 19 en nuestra ciudad.
El pedido era corto y contundente: que “se arbitren las medidas necesarias tendentes al reconocimiento del pago o compensación con días de licencia a utilizar por los magistrados, magistradas, funcionarias o agentes que presten servicios en este Tribunal durante la Feria Judicial extraordinaria establecida mediante la Acordada N° 13175”. Para los firmantes la demanda era justa porque las normas no distinguen entre ferias ordinarias o extraordinarias y que ambas “implica un incremento normal de trabajo” aunque –decían– la pandemia compromete más “el normal desarrollo de las tareas jurisdiccionales propias de este Tribunal durante cualquier feria; tareas ya menoscabadas ordinariamente con motivo de la disminución del personal y funcionarios de esta dependencia”.
Tras el escándalo, hoy dio la cara uno de los jueces: Marcelo Domínguez. Dialogó con FM Profesional y declaró que no fue “oportuno” pedir un bono en pandemia, pero trató de disculparse asegurando que se trata de un beneficio que se reconoce desde hace 45 años y aclaró que en la primera acordada que se firmó en marzo, se estableció que los servicios prestados podían ser compensados, pero en la segunda acordada de agosto, hubo una omisión de este beneficio. Por ello, habrían realizado el pedido.
Tras asumir su yerro, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial negó cobrar 350 mil pesos mensuales como informara CUARTO. Remitió su recibo de sueldo a la radio para mostrar que en noviembre del año pasado recibió 272 mil, mientras que en mayo de este año fueron 261 mil, un poco menos por la ley de aporte para magistrados. Sin ese aporte “solidario” llega a los 280 mil pesos.
Finalmente manifestó que le pareció malicioso que se haya filtrado una nota interna. Habría que relativizar esa opinión. Gracias a que se hizo público ahora anda disculpándose y debió archivar el estrafalario pedido en medio de una pandemia en donde muchos salteños pierden algo cada día, mientras otros directamente se quedan sin nada.
