El ministro de Justicia de la nación anunció que, al menos en Buenos Aires, trasladará el funcionamiento del organismo que lucha contra la xenofobia y la discriminación al predio de la ex Esma.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, se mostró fastidioso por las características de su trabajo por estos días. «Me he convertido en un administrador, no puedo avanzar en mis ideas, mis proyectos de leyes, orden y persecución porque tengo un ministerio de 5.500 empleados con muchísimos organismos en el interior. No se necesita eso», expresó Cuneo Libarona en una entrevista para TN.
El ministro enumeró algunos de sus planes de gestión que incluye «centralizar con las comunicaciones existentes en un ámbito con eficaces abogados que van a orientar a las víctimas»; y adelantó que planea trasladar parte del funcionamiento del Inadi al predio de la ex Esma y pondrá asesoramiento «psicológico para las víctimas» de discriminación. Además, postuló la necesidad de «achicar el Estado», aunque advirtió que «se va a respetar la ley laboral y se va a echar a quien no trabaja».
Lo último se ha convertido en una amenaza casi constante y hasta una estigmatización que falta a la verdad. En el caso de Salta, por ejemplo, CUARTO pudo saber que el organismo cuenta con apenas cuatro trabajadores que ganan entre 200 y 350 mil pesos, según la antigüedad. Además, posee otros dos empleados «prestados» de dependencias provinciales, cuyo sueldo no depende de Nación.
Además, nadie podrá endilgarle falta de resultados al trabajo del organismo en nuestra provincia durante los últimos 4 años cuando fue conducida por Gustavo Faquharson. Aca impulsaron exitosamente la primera ley del país que establece la Capacitación Obligatoria en Perspectiva Antidiscriminatoria para toda la Administración Pública Provincial. Se trata de la Ley 8350, que establece la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación en la Administración Pública Provincial. Fue desarrollada por la Delegación Salta del INADI y el ex ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo.
Otros proyectos fueron la ordenanza para erradicar prácticas discriminatorias en la Administración Pública Municipal. El Concejo Deliberante de Salta sancionó la Ordenanza 15.957 desarrollada por la Delegación Salta del INADI y la concejala Inés Bennassar.
También se trabajó en el acompañamiento a víctimas de violencia sexual de pueblos originarios. El INADI acompañó a las víctimas de abuso sexual de Misión Kilómetro 2, de Pluma de Pato, Rivadavia Banda Norte, quienes denunciaron en febrero más de 25 hechos de violencia sexual. Muchas de ellas también denunciaron la falta de filiación de hijas e hijos nacidos producto de esos abusos y reclamaron que se reconozca su derecho.
Un trabajo importante del INADI Salta tuvo que ver con el aborto legal, seguro y gratuito: el sobreseimiento de Miranda Ruiz. Durante el proceso judicial y en plena vigencia de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el INADI se presentó como amicus curiae ante el Tribunal de Impugnación y pidió el sobreseimiento de la Dra. Miranda Ruiz, residente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Otra campaña federal que llegó a Salta fue Escuelas Sin Discriminación. Declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados y organizada con el Ministerio de Educación de la Provincia. También se trabajó en la Cátedra INADI en la UNSa, un programa de formación virtual de 32 horas, destinado a estudiantes de grado de todas las carreras, docente, no docentes y actores sociales interesados que aborda los conocimientos sobre el enfoque de Derechos Humanos, la no discriminación, el racismo y la xenofobia en la formación terciaria y universitaria, a la comunidad universitaria, futuros profesionales y en la vida académica en general.
Se realizaron también convenios con organismos para ejecutar actividades con el fin de prevenir actos discriminatorios. Este año fueron firmados convenios con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y con el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta. También se ratificaron los convenios con el Ministerio Público y la Universidad Nacional de Salta.
Además se realizó la presentación del Mapa Nacional de la Discriminación en Salta. La encuesta realizada junto a la UNSa está basada en la percepción de las personas encuestadas sobre la discriminación. Pobreza, género y color de piel fueron los principales motivos. La discriminación en el ámbito educativo aparece en primer lugar, seguido por el ámbito laboral y la vía pública.
