Soledad Outes se exilió con 17 años tras el asesinato de su padre en la Masacre de Palomitas. Denunció a su madre María Elena Jiménez por quedarse con bienes de Pablo Outes del que se había separado y que le correspondían a Soledad por ser heredera de los mismos.
A los 17 años Soledad Outes sintió que un tsunami le pesaba por encima. En 1974 su padre, Pablo Outes, había sido detenido por razones políticas. Fue liberado un año después a condición de que dejara el país. Partió a Venezuela, pero volvió en octubre del 75 y fue encarcelado de nuevo. El 7 de Julio de 1976 fue retirado del penal de Villa Las Rosas junto a otros presos políticos para un supuesto traslado. Todos fueron asesinados en la tristemente célebre “Masacre de Palomitas”.
En diciembre de ese año Soledad llegó a España, país en el que todavía reside. Ella y sus dos hermanos comenzaron a vivir con su madre María Elena Jiménez y César Rolando Fortuny, por entonces pareja de la mujer. Pero pronto la madre decidió retornar al país y dejar a los chicos a cargo de Fortuny. El menor de los hermanos retornó al país meses después a pedido de la madre, pero Soledad y Rosario quedaron en España. El paso de la adolescencia a conductas propias de adultos fue abrupto y traumático. “Éramos dos chicas con todas las condiciones para ser abusadas: menores de edad, pobres, inmigrantes, exiliadas, sudacas. La vida nos trató acorde con eso” declaró a este medio en julio del año 2019.
Hoy volvió a dialogar con el programa Cuarto Oscuro que se emite por FM La Plaza (94.9) para referir que denunció penalmente a su madre. La acusa de fraude, estafa, abuso de confianza, retención indebida y administración fraudulenta. “Todo comenzó en el año 2019 cuando comencé el juicio sucesorio por los bienes de mi padre. Eso me llevó a descubrir a lo largo de los años que se me había robado y estafado. Que se había cometido fraude para que yo no recibiera la herencia de mi padre. La familia fue totalmente destrozada. Fue una explosión volcánica y quedamos los trozos”, dijo a modo de introducción.
Soledad remarcó que el haber accedido a un certificado de defunción siete años después del asesinato de su padre complicó más la situación. “El hecho de que mi madre fuera escribana y que estuviera en Argentina porque habernos dejado en España con su segundo marido, hizo que dos años después me pidiera un poder para administrar mis bienes. Obviamente se lo di. Tenía 19 o 20 años y era mi madre. Cometí un error pero creo que cualquier persona en mi situación lo hubiera hecho. También me dijo que iniciaba el juicio sucesorio de mi papá en mi nombre y en el de mis hermanos. Que no me preocupara pero que estaban las cosas difíciles por la dictadura. Con los años descubrí que yo tenía que intervenir en el juicio ya que nunca había cobrado ni siquiera mi pensión de orfandad porque en aquella época eras menor de edad hasta los 21 años y yo quedo huérfana con 17”, precisó.
En ese punto, Soledad refirió el tema que a su entender sintetiza mejor el despojo del que fue víctima: la venta realizada por su madre de la Finca Lagunita en San José de Orquera. “Yo sabía que mi papá había comprado una finca. En esa escritura había dejado muy en claro que estaba ´separado judicialmente desde hacía dos años y sin voluntad de unirse´ de la señora María Elena Jiménez. A través de mi abogada logró saber que la finca de 400 hectáreas que mi padre había comprado un año antes que lo metieran preso, había sido vendida por esta señora. A mí nadie me dio mi parte y tampoco una explicación de ningún tipo. En el juicio sucesorio se me contesta que todos los herederos cobraron su parte y que ella no tenía nada que ver. Ahí fue cuando dije que esto no podía ser. Sobre todo porque esta persona – por ser escribana – sabe el significado de ser administrador de un sucesorio. Fue en ese momento en que decido iniciar un juicio penal”, relató.
Soledad Outes precisó también que su abogado es Pedro Arancibia y adelantó que la denuncia todavía no fue aceptada por el fiscal a cargo, aunque dijo confíar en la justicia. La presentación incluye también los pormenores que explican porque la hija no pudo acceder a la indemnización que el Estado otorga a las víctimas del terrorismo de Estado.
“María Elena Jiménez ha impedido durante 50 años que yo cobrara esa indemnización. Creo que fue un ardid para poderse quedar con una pensión de viudedad que no le correspondía. Mi padre tenía una compañera [pareja] que fue reconocida por los jueces por lo que también le correspondía ser heredera. Se llamaba Sara Ricardone. Mi padre estaba separado de mi madre desde el año 1972 y tenía la relación con Sara a la que yo conocí en noviembre de 1974 en la cárcel de Villas Las Rosas. Yo lo acepto. Cuando mi padre fue asesinado, Sara reclamó sus derechos y mi madre entra en una batalla legal que duró más 30 años, hasta que Sara muere. En esos años el sucesorio nunca se resolvió y los hijos no pudimos acceder a los beneficios de la ley porque dos personas luchaban por los derechos de ser la esposa. También es cierto que María Elena Jiménez inicia sucesivos juicios contra Sara por los motivos más peregrinos, para impedirle a ella cobrar una pensión de diputados como viuda de Pablo Outes. Ese fue el ardid para que Jiménez cobrara esa pensión que no le correspondía porque estaba casada con otro hombre. En esa lucha para mantener la pensión, dejó en el camino, en este caso, a mí”, lamentó.