El diputado nacional por Salta de Ahora Patria lo dijo mientras explicaba por qué el interbloque de Juntos por el Cambio pide promover un Juicio Político contra Alberto Fernández tras una frase del mandatario sobre el fiscal, Diego Luciani.
Se refería a las expresiones del Presidente en el programa “A Dos Voces” a las que definió como “una especie de prevención cuasi mafiosa acerca del destino que le puede esperar al fiscal de la causa Vialidad” que está juzgando a la vicepresidente como parte o jefa de una asociación ilícita y solicitó 12 años de prisión para Cristina Fernández.
“Hay una actitud del Presidente y de la Vicepresidente, de tratar de hacer un levantamiento popular en contra del Poder Judicial. Los dichos de D’Elía son más que suficientes para darse cuenta el rumbo que han tomado, al igual que las declaraciones de Hebe de Bonafini”, manifestó el legislador nacional, y agregó que eso constituye un grave atentado al orden constitucional y a las instituciones democráticas.
“No puede ser que en el alegato que hizo público y que le estaba vedado a la señora vicepresidente en la solicitud por la etapa procesal del juicio, en lugar de ofrecer una prueba a su favor o destruir alguna de las pruebas en su contra, haya hecho una arenga y una descalificación del Poder Judicial. Todavía no tiene fallo, quedan aún 39 jornadas de alegatos para la defensa y luego recién el tribunal se ha de presentar con su fallo condenatorio o no”.
“Lo que llama poderosamente la atención es que una parte de la política se considera inalcanzable por la Justicia, cuando debiéramos ser los que estamos en política los primeros en ponernos a disposición de la Justicia. Si uno jura respetar y hacer respetar la Constitución, tiene que someterse a la misma”.
También se preguntó qué sentido tiene hacer una vigilia si todavía no hay fallo en relación a las manifestaciones de apoyo que se realizan en el domicilio de la vicepresidenta. “Pareciera ser que el partido gobernante se transformó en el partido de la corrupción, donde el saqueo a las arcas públicas no tiene sanción porque forma parte de la plataforma electoral. No es la Argentina que quiere la mayoría de los argentinos”.
Para Zapata el proceso judicial en marcha se ajusta a las reglas del debido proceso por estar encabezado por un juez natural; que el juicio es conforme a la ley vigente al momento de los hechos; se garantiza el derecho a defensa; y se puedan presentar todas las pruebas para que sean valoradas objetivamente.
“Esas son las reglas y en ningún momento se violó o se avanzó sobre estas reglas. Ahora llegó a la instancia inexorable del debate público de esta acusación. El fiscal elaboró un alegato, donde hizo una concatenación y una ubicación temporal y espacial de todos los hechos que constituyen la prueba: la prueba documental, instrumentos públicos, las licitaciones, los cheques, los pagos, las comunicaciones telefónicas y con eso avala la acusación. Necesita concatenar de esta manera y justificar para el pedido de la pena, porque en esa exposición y de acuerdo a lo que significa cada prueba, establece la magnitud y la gravedad de ilícito”.
Finalmente, el legislador salteño condenó que presidentes afines a la vicepresidenta expresaran rechazo al Poder Judicial de la República. “Es una intromisión clara en asuntos internos. Dada la gravedad institucional que vive el país, porque se amenaza con una asonada con derramamiento de sangre, ya que ‘si la tocan a Cristina el lío que se va a armar’, el posicionamiento de cada uno de los sectores políticos es importante. Todos nos tenemos que encolumnar en defensa de la república, la democracia y el estado de Derecho, pero aún la Provincia de Salta, su gobernador, los poderes políticos, como la Legislatura o el Poder Judicial no se han expresado al respecto y eso es llamativamente alarmante”.
