Critican la decisión de dar facultad a la Policía de detener, juzgar y sentenciar a quienes no respeten el aislamiento.
El decreto 255/20202 del gobierno de la provincia establece la privación de libertad a quienes no respeten el aislamiento. Gustavo Sáenz puso en manos de la Policía la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena a los supuestos infractores de la cuarentena. Varios organismos presentaron un amparo en contra.
El recurso de amparo contra el decreto fue presentado ayer ante la Corte de Justicia de Salta. “El DNU creó un mecanismo que pone en manos del jefe de la policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a las y los presuntos infractores. No prevé la intervención del poder judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora. Es decir que una persona puede ser condenada a una pena de arresto sin haberse podido defender, ofrecer prueba ni controlar la que se presente en su contra; sólo tendría derecho a un recurso judicial una vez condenada, y en ese caso deberá esperar la resolución estando detenida”, indica el parte.
El mismo está firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, H.I.J.O.S. Salta, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Los firmantes recordaron además que la privación de libertad es una medida desproporcionada y contraproducente para la prevención de la Covid-19, ya que implica el encierro en comisarías u otros lugares que suelen ser espacios reducidos y sin medidas de salubridad e higiene adecuadas.
La acción también sostiene que “la concentración de poder en cabeza de la policía provincial prevista en el art. 3 del DNU viola la garantía del juez natural y el debido proceso legal, específicamente en lo que hace al ejercicio pleno del derecho de defensa”. En resumen, pedimos que el Poder Ejecutivo Provincial se abstenga de aplicar el procedimiento previsto como régimen excepcional en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 255/2020 porque es contrario a las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio y que se declare su nulidad por inconstitucional.
