Tras las medidas adoptadas por el gobierno de Milei sedes de Cafayate y San Carlos redujeron su planta en más de 20% el último año y suspendieron programas históricos. La situación podría agravarse en julio cuando venzan las facultades delegadas al gobierno nacional.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una crisis operativa en sus sedes de Cafayate y San Carlos, donde la reducción de personal y el congelamiento presupuestario comprometen la asistencia técnica a productores locales. La planta de trabajadores se contrajo de nueve a siete empleados entre ambas oficinas durante el último año, como consecuencia de retiros voluntarios incentivados por el gobierno nacional.
Diego Kalman, ingeniero agrónomo del organismo en Cafayate, explicó que la merma de personal supera el 20% y genera incertidumbre sobre nuevos despidos o pases a disponibilidad. La situación forma parte de una reestructuración nacional que podría definir cambios estructurales en julio, cuando expiren las facultades delegadas al Ejecutivo, según informó el medio Nuevo Diario.
El ajuste incluyó la suspensión del programa Prohuerta, que durante décadas fortaleció las huertas familiares y actividades rurales de subsistencia. Esta medida dejó sin respaldo institucional a pequeños productores que dependían del acompañamiento técnico para sostener sus sistemas productivos en la región del Valle Calchaquí.
La crisis presupuestaria también afecta el equipamiento y la flota vehicular, que presenta fallas mecánicas constantes sin posibilidad de renovación. Esta limitación restringe el acceso a zonas rurales y obstaculiza el trabajo de campo, fundamental para brindar asistencia directa a los productores de la región.
Pese a las dificultades, los equipos locales mantienen iniciativas como el desarrollo de una red de comercialización entre los valles del noroeste argentino y estudios sobre aguas subterráneas en colaboración con la estación experimental de Chilecito. Sin embargo, estos proyectos permanecen paralizados por falta de financiamiento, mientras que a nivel nacional más de 300 agencias de extensión podrían cerrar o ser absorbidas por centros regionales.
