Los padres de la niña wichí declararon que la relación era consentida, aunque la misma s considerada un abuso por la legislación argentina. La nena rechazó la posibilidad que le otorga de la ley de interrumpir el embarazo.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, requirió la detención de un joven y dio intervención a organismos de protección de la niñez y de comunidades originarias en la causa que investiga el embarazo de una niña wichí que la justicia define como “abuso sexual”.
El Ministerio Público Fiscal interviene en el caso desde el pasado 17 de noviembre, cuando una mujer denunció al padre de su hija por habérsela llevado alegando que la nena estaba embarazada. La niña en ese momento tenía 11 años y en los primeros días diciembre cumplió 12. La denunciante dijo desconocer quién era el progenitor.
La fiscal Martínez ordenó citar al padre de la niña quien declaró que su hija efectivamente estaba embarazada, recibía atención en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y la nena mantenía una relación —según él, consentida— con un sobrino de su actual pareja. “Inicialmente, se había afirmado que este sobrino era también menor de edad, y tenía solo 14 años. Pero la fiscalía aseguró que tiene 19 años”, destaco en su edición de hoy la sección local del diario Página 12. La fiscal solicitó la detención del joven de 19 años el 27 de noviembre, aunque hasta ahora no dieron con el paradero del muchacho.
Son varios los organismos (Asesoría General de Incapaces, Secretaría de Primera Infancia, Secretaría de Asuntos Indígenas y la Defensoría de Violencia Familiar y de Género) que intervienen en el caso. La nena no se presentó a prestar declaración ante especialistas en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) el pasado 11 de diciembre, por lo que la fiscalía dispuso sin éxito la búsqueda dela menor en los domicilios materno y paterno.
Desde el hospital informaron a la fiscalía que la niña asistió a un control prenatal en donde se le volvió a informar sobre su derecho a interrumpir el embarazo. Por segunda vez, la nena rechazo la posibilidad. Fue en esas circunstancias que la niña se encadenó en la Ciudad Judicial, porque presuntamente hubo insistencia para que interrumpiera el embarazo.
Es lo que declaró Marcela Calermo, referente wichí de Tartagal. La vocera fue quien dijo que el progenitor con el que la niña convivía tenía 14 años, algo que fue desmentido por la fiscalía. La misma Calermo había manifestado que no se puede hablar de abuso sexual dado que, a su entender, había consentimiento.
“El debate se tensa entre esta postura y aquella que establece que una niña no está preparada a esa edad para discernir respecto de una relación sexual y, de hecho, la ley argentina pena las relaciones sexuales con menores de 13 años de edad”.
Calermo sostuvo en declaraciones al canal de noticias VideoTar que le preocupa que por estas definiciones se persiga a “más de mil personas”, en referencia a parejas de corta edad de comunidades indígenas y criollas en el norte de la provincia.
