Con más de cien alertas por amenazas y con 17 estudiantes que fueron puestos a disposición de la justicia, organismos de Derechos Humanos reclamaron un que evite criminalizar a la juventud.
De las 17 personas puestas a disposición de la Justicia, seis quedaron detenidas, cuatro fueron imputados y once fueron identificadas. La mayoría son menores de edad y alumnos de los propios establecimientos, aunque también hay dos mayores. Lo precisó el director de Relaciones Institucionales de la Policía, Flavio Peloc, quien aclaro que pese a los operativos realizados, las intimidaciones no cesaron. “Tenemos escritos en paredes, bancos, baños y también mensajes difundidos por redes”, detalló.
Organismos de Derechos Humanos criticaron la forma en que la provincia aborda la problemática. La Red Contra la Violencia Institucional, por ejemplo, reclamo un “abordaje científico de los problemas que han causado esta ola de amenazas; en primer lugar, con los jóvenes involucrados; pero también, con los jóvenes y docentes que conforman esa comunidad educativa”; y remarcó que la escuela “es un reflejo de lo que pasa en la sociedad”. En ese marco, la organización advirtió que las responsabilidades que el Estado no asume como propias terminan por trasladarse “a los jóvenes, a los padres y a los docentes”.
“La problemática tan grave de la violencia escolar o de salud mental no la va a resolver la Policía ni el Código Penal”, advirtió la Red, y planteó que la solución debe surgir de “un amplio debate dentro de las escuelas, de la comunidad educativa: estudiantes, padres y docentes; y de toda la sociedad”. El organismo rechazó “la criminalización de la juventud” que se está ejecutando y pidió la anulación de las causas labrada contra los estudiantes involucrados.
En igual línea, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo difundió otro comunicado al que tituló “La escuela es territorio de paz y derechos”. Allí expresan preocupación ante la escalada de violencia y amenazas registradas en las escuelas salteñas, advirtieron que las mismas reflejan “una crisis social y un clima de violencia que atraviesa a toda la comunidad” y reclamaron que “el abordaje” no se reduzca solo a lo punitivo y policial.
En ese sentido, exigió “una respuesta interministerial urgente que incluya a Educación, Salud Mental y Seguridad, priorizando siempre el interés superior del niño y el adolescente”, al tiempo que denunció que “el retiro de las políticas públicas de contención para niñeces y adolescencias agrava la vulnerabilidad en las aulas”.
Además, planteó la necesidad de una “corresponsabilidad comunitaria” y convocó a las familias a acompañar a los jóvenes “en el uso responsable de los entornos virtuales, donde hoy se gestan muchos de estos conflictos antes de llegar al aula”.