Armando Caro Figueroa fue ministro de Trabajo de Menem entre 1993 y 1997 y antes había sido secretario de Trabajo de Raúl Alfonsín. El salteño también negó que exista una “industria del juicio” como asegura el oficialismo.
En una entrevista que le realizara FM Milenium, luego replicadas por Ámbito Financiero, el exfuncionario del menemismo aseguro que la ley tiene inconvenientes graves: “El primero es que erosiona el derecho de huelga y en lugar de remitirse a las circunstancias del comité de libertad sindical, amplía el concepto de servicios esenciales y planea los servicios mínimos en un nivel que equivale tanto como a suprimir el derecho de huelga cuando pone que el 75% de los trabajadores tienen que prestar el servicio. Eso me parece que es la principal debilidad de la ley”.
La segunda debilidad, según dijo, es que “está pensada para acompañar un proceso económico de crecimiento sin despidos”. “Lo que la realidad está mostrando es que el proceso de crecimiento va a ir lento, va a llegar seguramente, pero de modo lento. En cambio, los despidos colectivos, por causas económicas, van a ir mucho más rápido. Y para este tipo de casos, la reforma no dice absolutamente nada”, planteó.
Si bien remarcó que la ley «tiene algunas buenas intenciones referidas a las pymes», consideró que «se quedó corto». «La ley se quedó corta y esto significa que las pymes van a mantener un costo enorme, no solamente tributario, de impuestos municipales, las tasas, etcétera, sino en regulaciones que la legislación moderna debía eximir a las pymes y ese tipo de regulaciones están pensadas para grandes y medianas empresas», se quejó.
Caro Figueroa no dudó en reprobar al proyecto y explicó los motivos. “Le pongo un cuatro”, enfatizo; para luego señalar que la llamada “Industria del Juicio” con la que el gobierno dice querer terminar no es real y si “propaganda”.