El Gobierno modificó algunas condiciones para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia. Los beneficiarios no deben tener relación de dependencia registrado con el Estado. El Anses debe evaluar la situación socioeconómica de los solicitantes.
Hoy se publicó en el Boletín Oficial de la nación la Resolución 16/2020. La misma retocó artículos del texto original publicado a fines de marzo cuando se oficializó el primer pago de 10 mil pesos. La medida surge tras ciertas irregularidades conocidas en el país y a semanas de que se conociera que más de 50 funcionarios salteños tramitaron el cobro y que incluso algunos de ellos percibieron el beneficio destinado a los desocupados o personas de muy bajos ingresos.
En la resolución puede leerse que “a fin de poder fortalecer la llegada a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones” en el anexo original del texto que oficializó la medida que abarca a un universo de más de 9 millones de personas y que esta semana inició el tercer pago de los 10 mil pesos.
En la resolución publicada este jueves, el Poder Ejecutivo aclaró que “las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas” para recibir el IFE “por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto original)”. La precisión se relaciona con lo ocurrido a fines de junio en Tucumán, cuando trascendió el listado de 17 detenidos autorizados para recibir la ayuda estatal y un representante del Servicio Penitenciario de esa provincia pidió que se autorizara el traslado de personal bancario a una cárcel para que los presos cobraran los 10 mil pesos. En ese entonces, el gerente regional del NOA de la ANSES, Jesús Samil, aclaró que los reclusos no estaban contemplados en la medida, pero que pudo haber ocurrido que “un familiar o un abogado los haya anotado, y el sistema los aprobó porque el entrecruzamiento de datos se hace con la AFIP y Migraciones, no con información de la Justicia”.
Otros de los requisitos publicados hoy precisa lo siguiente: “No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, a excepción del realizado en el marco del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”. El punto se relaciona con el escándalo desatado hace un par de semanas con concejales, funcionarios y hasta un diputado salteño que solicitaron y algunos hasta cobraron el beneficio. Para evitar a los ventajeros, se aclaró también que de aquí en más “La Administración Nacional de la Seguridad Social requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud.”
El pasado lunes comenzó el pago de la tercera cuota del bono de $ 10.000 a los sectores afectados por la crisis económica a raíz de la pandemia de coronavirus. Durante esta semana y la próxima, los pagos serán exclusivamente para cabezas de familia que sean perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Luego será el turno del resto.
