Romero aprobó los allanamientos a CFK y confió en que la justicia actúe. Ocurrió un día después de que una Sala de Impugnación declarara nula la denuncia contra él por la apropiación de 90 hectáreas, escándalo que aquí repasamos. (Daniel Avalos)
“Es una oportunidad que la justicia investigue y llegue a una conclusión”, remarcó el salteño en la sesión del senado del día de ayer. Las palabras se parecieron mucho a las típicas ostentaciones de poder de quien la semana pasada no había dado quórum para tratar los allanamientos a CFK y que ayer sí lo hizo. La razón puede atribuirse a un hecho puntual: hace ocho días no se conocía aún el fallo de la Sala 1 del Tribunal de Impugnación que decretó la nulidad de la denuncia penal contra el ex gobernador por la causa La Ciénaga; fallo que recién se conoció el día martes y se encamina a otorgar impunidad a un Romero que siempre se valió de sus fueros parlamentarios para blindarse de la investigación.
Lo último explica bien porque durante años Romero no daba quorum o se oponía a desaforar a otros senadores investigados, aunque ahora, cuando la Justicia salteña le guiña enormemente el ojo, la situación lo deslizó a participar de la sesión y hasta hablar de la necesidad que la justicia llegue a una conclusión. Aclaremos rápido que el análisis político de coyuntura, las motivaciones últimas del poder ejecutivo nacional para arremeter contra la ex presidente y hasta la venalidad de jueces como Claudio Bonadio, jamás podrían justificar una mirada concesiva del enriquecimiento ilícito de funcionarios de la anterior gestión; pero enfaticemos aún más que el senador Romero hace tiempo que está divorciado de los valores de la Justicia Verdad.
El caso La Ciénaga lo confirma y por ello viene bien rememorarlo. Digamos entonces que todo comenzó un 1 de octubre del 2010. Ese día un centenar de militantes del movimiento Barrios de Pie se apostaron entre el asfalto de la Circunvalación Oeste y el cercado rural que delimita las 90 hectáreas que ya pertenecían a la familia del ex gobernador. Eran predominantemente mujeres de barrios que mientras admiraban el bucólico paisaje y se preguntaban cuántas casitas populares podría haber cobijado la inmensidad de esas tierras, miraban de reojo a los chiquilines que correteaban por ahí y hacían bulla cada vez que arribaban al lugar movileros, periodistas o camarógrafos de medios capitalinos que buscaban cubrir la denuncia.
El alboroto de esos momentos fue decayendo con las horas hasta convertirse en una calma angustiante por todo lo que esos terrenos debían haber sido y no fue; pero en ese mismo momento la exaltación se trasladó a los medios y a los círculos políticos. Fue entonces cuando empezamos a conocer los detalles de un negociado que empezó en el año 1.998, cuando el decreto N° 1.297 incorporó al Estado esa fracción de tierra que era parte de la Finca La Cienaga e Isasmendi, uno de cuyos propietarios – Domingo Martín – la había ofrecido como parte de pago por una deuda que otra firma suya – Import S.R.L. – tenía con el ex Banco Provincial de Salta. Las tierras se valuaron en un millón cien mil pesos y el decreto considero que la operación era beneficiosa en tanto aseguraba que la deuda del cesionario era de difícil recupero. El mismo decreto establecía que el terreno se destinaría al “Programa Familia Propietaria” con el objeto de ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a terrenos sociales.
Seis años después – febrero del 2014 – el Estado trasfirió la propiedad a José Luis Agustini en “dación de pago”, para así adquirir otras doce hectáreas ubicadas al borde de una de las autopistas que conecta la ciudad de Salta con la localidad veraniega de San Lorenzo que se valuaron en $1.959.456. Por entonces la “convertibilidad” era cosa del pasado y el gobierno de Romero pagaba con una entrega inicial a la que seguirían veintiséis cuotas hasta llegar a la suma de $1.499.456, mientras el saldo se abonaba con las tierras de La Ciénaga lo que suponía una tasación de $460.000.
En la operación actuó la Escribana de Gobierno Laura Inés Wayar quien también formaba parte del staff del estudio particular de Manuel Brizuela, el hombre que en 1998 ocupaba el mismo lugar y que en el 2004 era uno de los ministros más influyentes de la gestión. Lo sospechoso había requerido de una irregularidad: nunca hubo un Acto Estatal y administrativo que desafectará la finalidad perseguida originalmente y por ello la venta se hizo a través de una Resolución Administrativa que los funcionarios justificaron estrafalariamente: Familia Propietaria no había podido ubicar familias en el lugar porque se trataba de terrenos aislados.
Cuatro meses después, Agustoni vendió La Ciénaga a Sociedad Prados de Atocha en $100.000. Cuando estalló el escándalo, el luego imputado Manuel Brizuela argumentó que estábamos ante transacciones entre particulares, aunque hasta las guías telefónicas nos mostraban que la persona involucrada eran de su entorno político y profesional: María Cecilia Pérez de La Fuente fue la que adquirió el terreno en nombre de Sociedad Prados, era una escribana del estudio del propio Brizuela y la persona que en el año 2009 vendió las 90 hectáreas a la Estancia El Carmen S.A., una sociedad vinculada por completo a la familia Romero. La operación se realizó también por $100.000 un 19 de noviembre del 2.009 y el propio Brizuela actuó como escribano.
El circulo se cerraba: un terreno que once años antes le había costado al gobierno $1.100.000 que entonces suponían igual cifra en dólares; eran adquiridos por una empresa del ex gobernador por $100.000 que por entonces no llegaban a los 50.000 dólares. Nadie dudaba ya que la operatoria supuso un paciente trabajo en perjuicio del patrimonio del Estado que benefició a quien lo había comandaba; condición que se evidenciaba con la diferencia de valores que le asignaron al bien entre 1998 y el 2009 contradiciendo todas las reglas de la oferta y la demanda; acto que supuso también frustrar irregularmente el objeto para el cual se había adquirido esa tierra; sin olvidar que en el año 2006 la vieja huella que conectaba ese lugar con la ciudad había sido reemplazado por una autopista de 18 kilómetros de longitud, doble mano y alumbrado público.
Desde hace años que todo se empantanó en los laberinticos procedimientos de la justicia salteña, aunque ahora el fallo del Tribunal de Impugnación Sala 1 dio un paso más para que todo fenezca. No vale la pena repasar cada uno de los tecnicismos que atraviesan ese dictamen cuyo resumen preciso de 11 carillas. Alcanza con decir lo obvio: que un ejército de letrados conformado por defensores de los imputados y miembros del poder judicial desmenuzaron las leyes y códigos que otros abogados habían escrito primero para empiojar el proceso, dilatarlo después y concluir que se puede meter la pata porque la acción penal en contra el senador – que nunca renuncio a sus fueros parlamentarios – resultan contradictorias y confusas.
El Poder es así. Siempre busca que nos sintamos pequeños e impotentes porque sobre esa supuesta pequeñez e impotencia construye lo que verdaderamente le importa: su impunidad. Y a casi 10 años exactos del día en que se denunció el hecho, uno no puede dejar de pensar en aquel centenar de mujeres y jóvenes que ese 1° de octubre del 2010 sentían en sus pechos los borboteos de una indescriptible sensación de libertad y audacia al denunciar a quien entonces y ahora, es uno de los hombres que por tener tanto dinero y poder, consigue que todos hagan lo que su particular interés le ordena.
