La CPM denunció a la Policía Federal por represión violenta contra jubilados que protestaban por recortes. Exigen una investigación para esclarecer responsabilidades tanto policiales como políticas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra la Policía Federal por el uso excesivo de la fuerza durante la represión de jubilados que se manifestaban contra el veto presidencial a un aumento de haberes y el recorte en la entrega de medicamentos gratuitos. La causa quedó en manos de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.
La presentación también apunta a la conducción política de la fuerza, bajo el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. La CPM exigió una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades tanto operativas como políticas, resaltando que las acciones de la Policía contravienen las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
Los hechos denunciados ocurrieron el 28 de agosto y se repitieron ayer en la manifestación cerca del Congreso. Según la CPM, los policías hicieron un uso desproporcionado de armas no letales, afectando a manifestantes pacíficos, periodistas y fotógrafos, algunos de los cuales sufrieron lesiones graves, como dos hermanos jubilados y un fotógrafo de Radio Gráfica.
El organismo destacó el caso del fotógrafo Marcos Pérez Sierra, quien fue golpeado por un subcomisario de la Policía Federal. Pérez Sierra relató que fue atacado personalmente y detalló cómo el oficial lo agredió con gas pimienta y patadas mientras realizaba su labor.
La CPM subrayó la importancia de esclarecer los hechos, considerando la participación de agentes del Estado. Reclamó que la investigación se realice con independencia, prontitud y precisión, dada la gravedad de las denuncias y el involucramiento de funcionarios públicos.
