La Asociación de Pensamiento Penal se opone al proyecto del gobierno nacional para penalizar a adolescentes desde los 15 años.
A mediados de 2017, el juez bonaerense de Necochea y titular de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, disertó en el cierre de una “Jornada de Responsabilidad Penal Adolescente” que se realizó en Salta.
Algunas de sus consideraciones fueron recogidas entonces por la prensa y ahora, ante el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bulrich, recobran vigencia.
Consultado por la reiterada y renovada pretensión de endurecer las leyes y las penas como respuesta a problemáticas y conflictos sociales, el juez Juliano advirtió que “no es algo nuevo” y observó que “en Argentina y en todo el mundo hace 20 años que hay una tendencia al endurecimiento de la ley penal y una apelación a la reforma de la ley penal para responder a los conflictos sociales que, sin dudas, no ha dado ningún resultado”. “Es una falta de imaginación y de coraje para afrontar de modo responsable los conflictos sociales y darles respuestas sin la pretensión de la solución mágica” insistió y subrayó que “las problemáticas sociales de los sectores vulnerables, como la niñez por ejemplo, no las vamos a resolver con la ley penal”.
Inevitable, se expresó en absoluta oposición a la baja de la edad de imputabilidad y a la elaboración de una legislación penal especial para extranjeros. “La Asociación de Pensamiento Penal está en contra de la baja de la edad de imputabilidad porque estamos seguros de que no va a contribuir a una sociedad más segura ni a un mejor nivel de vida porque, sencillamente, los menores de 16 años que cometen delitos violentos o contra la vida son muy pocos y, entonces, penalizar a este escaso número de jóvenes de 14 o 15 años por sus hechos muy graves no va a impactar en nuestra realidad” explicitó y advirtió que “esto no implica que el Estado deba desentenderse, todo lo contrario, volvemos siempre a la necesidad de que el Estado asuma un rol mucho más protagónico en sectores vulnerables de la población como son los chicos”.
Después de una mención a las condiciones “infamantes” de los reformatorios donde todavía son alojados los menores en conflicto con la ley, el magistrado extendió su preocupación hacia todo el sistema carcelario. “Un problema central (para la administración de justicia) es la sobrepoblación y el hacinamiento que dificulta una vida digna y el acceso a derechos de los detenidos” aseguró y reconoció que “esa sobrepoblación no se produce por generación espontánea sino porque los jueces están encarcelando de manera indiscriminada”. “No hay ninguna provincia argentina dónde las propias autoridades no reconozcan que hay al menos un 20% de la población penitenciaria con personas que no cometieron delitos graves o violentos que podrían estar bajo otro régimen sin afectar la seguridad pública” precisó y, de nuevo entusiasmado, explicó que “el Poder Judicial se muestra muy temeroso pero hay alternativas muy interesantes que muestran establecimientos dónde se puede respetar la dignidad de las personas y avanzar en una dirección distinta”.
Luego de estas definiciones y ante la obvia pregunta por la dicotomía entre “mano dura” y “garantismo”, sin enojarse, respondió que “esa es una discusión berreta y la sociedad se merece un debate de mayor nivel, para ver como el Poder Judicial puede contribuir a mejorar la vida de la ciudadanía”. Humilde, además, hizo un mea culpa y convalidó que “quienes nos identificamos con el respeto por los derechos y garantías de todas las personas, tenemos una asignatura pendiente: ofrecer una postura mucho más clara hacia las víctimas de delitos”. “Durante muchos años hemos tenido una actitud expulsiva de las victimas del proceso penal y eso las ha arrastrado a los peores brazos, a la mano dura y a las respuestas más violentas” reconoció y reafirmó que “el desafío es escuchar a las víctimas de hechos graves, contenerlas y mostrarles las distintas alternativas que ofrece el sistema penal que no necesariamente es la prisión de los victimarios”.
“Hoy existen alternativas (para la mayoría de los delitos) más edificantes y constructivas que la prisión y son la búsqueda de la convivencia, la armonía y la paz social” enfatizó Juliano y destacó “el Proyecto Víctimas por la Paz con personas que han sufrido delitos graves como abusos sexuales, secuestros, heridas y asesinatos, sin renegar de la acción de la justicia piensan que la solución no es la mano dura y el endurecimiento de la ley penal”.
