Un documento oficial bucea en la realidad de las comunidades de los tres departamentos salteños en donde rige la emergencia sociosanitaria. A los problemas del hambre y las muertes debe sumársele en la de segregación de hecho.
El documento “Segundo Informe de Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Pueblos Indígenas en el Chaco Salteño” fue publicado en el sitio web de la Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes: 67 páginas divididas en siete capítulos que bucean en la realidad de los departamentos de San Martin, Orán y Rivadavia en donde se declaró la emergencia sanitaria que hace un par de semanas se prorrogó. El objetivo fundamental es analizar las muertes de niños y niñas de las comunidades que allí habitan: San Martín 238; en Rivadavia 68 y en Orán al menos 53. Quienes deseen ver esos aspectos pueden hacerlo en el siguiente link: https://www.cuarto.com.ar/los-condenados-de-siempre-pobreza-y-hambre-entre-ninos-ninas-y-adolescentes-del-chaco-salteno/
En otro capítulo titulado “DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS” puede verse también “tanto los derechos vulnerados como las barreras para su acceso” que producen una segregación de hecho y que en lo esencial constituyen una serie de barreras u obstáculos para el acceso a derechos y que acá transcribimos.
Barreras económicas – Relacionada con los altos niveles de pobreza estructural y monetaria que se ha visto profundizada en la pandemia, debido a la falta de trabajo y de proyectos de desarrollo sostenible. La mayoría de las comunidades requieren de asistencia alimentaria y económica para la subsistencia.
Barreras geográficas, de comunicación y transitabilidad – Refiere por un lado a las características geográficas de la zona del Chaco Salteño, donde residen las comunidades indígenas dispersas en una gran extensión territorial, con una deficiente infraestructura y mantenimiento de las vías de comunicación y accesibilidad a las comunidades. Los caminos de tierra se inundan en el período estival, dadas las intensas lluvias, impidiendo la transitabilidad y aislando a las comunidades rurales. A su vez, existen barreras relacionadas con la conectividad. Muchas comunidades no cuentan con señal para comunicación, e incluso no tienen electricidad. La falta de conectividad y cobertura de los servicios públicos esenciales en las comunidades indígenas contrasta con la convivencia -en estos mismos territorios- de una estructura de comunicación (vial y digital), de circulación y distribución vinculada a los actores económicos con inversiones privadas (agricultura y ganadería principalmente).
Barreras culturales – Relacionada con la falta de perspectiva de derechos e interculturalidad, principalmente por parte de los funcionarios y agentes estatales, que se manifiesta en serios obstáculos para la comunicación, el entendimiento e incluso la comprensión, vinculado a las barreras culturales y de idioma, a prejuicios y estereotipos sobre las poblaciones indígenas, que suelen no ser percibirlas como titulares plenos de derechos, oscilando entre actitudes tutelaristas y culpabilizantes, reforzando la discriminación y racismo que enfrentan estas poblaciones desde hace años.
Barreras de calidad y adecuación – Vinculado con el punto anterior, se relaciona con la calidad de prestación de servicios que garanticen el efectivo acceso a derechos a todas las personas, en particular a niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas. Se destaca el déficit de recursos humanos en términos de cantidad de profesionales y de su formación y capacitación, en especial en el ámbito de salud y el entendimiento intercultural.
Barreras de participación – Referida a la falta de participación y de consulta (consentimiento libre previo e informado) de los pueblos indígenas en las instancias de discusión y diseño de intervenciones en torno a los problemas que les atañen y sus soluciones. En particular, se destaca la ausencia total de instancias de participación y escucha activa a niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas.
