Las comisiones que analizarán la «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional» son las de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez y Juliana Santillán, respectivamente.
La iniciativa consta de 133 artículos y, además de la derogación de la actual Ley 26.659 -sobre sanciones en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina- y cambios al Código Penal, también introduce modificaciones en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Inteligencia (25.520) y hasta la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (26.215).
La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional. La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina. Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen.
Desde la oposición advierten sobre lo extenso de proyecto y también hay reparos por la delegación de facultades para el Poder Ejecutivo, las atribuciones para las Fuerzas Armadas y la creación de un tipo penal referido a la «desinformación». Hacen referencia al artículo 111 que incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, con el objeto de establecer penas de prisión de 5 a 12 años para quien «actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y/o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes». «La pena será de 8 a 15 años si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales», agrega el texto.
Además, se crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.