La Corte de Justicia confirmó la condena contra el Estado provincial por un disparo efectuado durante un procedimiento policial en 2020. La Sala IV rechazó la apelación de la Provincia y solo modificó el cálculo de los intereses.
La Corte de Justicia de Salta confirmó la condena contra la Provincia a indemnizar a Mirta del Valle Paz, quien perdió el ojo derecho tras recibir el impacto de un proyectil durante un procedimiento policial el 12 de septiembre de 2020 en barrio 20 de Febrero. El monto de $4.138.000, fijado en agosto de 2025 en primera instancia, se compone de $1.138.000 por daño material y $3 millones por daño moral.
El tribunal modificó parcialmente la sentencia en un punto: los intereses. En lugar del 8% anual fijado hasta el fallo, deberá aplicarse la tasa activa del Banco Nación desde el 12 de septiembre de 2020 hasta el efectivo pago, porque el capital fue calculado a valores históricos. Se mantuvo, además, el rechazo del reclamo por lucro cesante, por falta de prueba suficiente.
Los jueces dieron por acreditados el daño, el factor de imputación, el nexo causal y la falta de servicio, requisitos para establecer la responsabilidad estatal. Descartaron el argumento de Fiscalía de Estado, que sostenía que la mujer se había expuesto al peligro por alojar a personas involucradas en un enfrentamiento previo, al considerar probado que estaba dentro de su casa y no participó en los incidentes, según publica Voces Críticas.
El hecho ocurrió tras una pelea callejera entre grupos vinculados a la hinchada de Central Norte, que terminó frente a la vivienda de Paz. Según su relato y el de testigos incorporados al expediente, un policía se subió a una reja y disparó hacia el interior. La historia clínica del Hospital San Bernardo constató un estallido traumático y un informe de Medicina Legal del CIF confirmó que el ojo debió ser extirpado.
Paz, representada por el colectivo jurídico comunitario ALFA, había iniciado la demanda en 2021. Desde la organización calificaron el fallo como una “importante victoria” en materia de responsabilidad estatal frente al accionar policial. Paralelamente, continúa una causa penal por el hecho, con fecha de juicio oral aún pendiente contra los presuntos responsables.