La jueza Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de todo acto de ejecución. La cautelar impide perforaciones, obras portuarias y la puesta en marcha de infraestructura submarina.
La Justicia Federal de Río Grande dispuso una medida cautelar que prohíbe a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum avanzar con el proyecto hidrocarburífero «León Marino», ubicado a poco más de 200 kilómetros al norte de las islas Malvinas. La resolución fue firmada este miércoles por la jueza Mariel Borruto, a raíz de una acción preventiva presentada por la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Malvinas La Plata (Cecim).
La orden judicial alcanza a la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina —conductos, líneas de flujo y sistemas de inyección o control— y la puesta en funcionamiento de unidades flotantes para producción, almacenamiento o descarga de hidrocarburos. Según publica Tiempo Argentino, la medida también frena obras terrestres y portuarias, bases logísticas, plantas de preparación de lodos de perforación y depósitos de productos químicos vinculados al proyecto.
Borruto intimó además a las dos empresas a informar, bajo declaración jurada, el estado actual del proyecto, los cronogramas previstos, el detalle de los pozos proyectados y las entidades financieras que aportaron fondos para la explotación sobre la plataforma continental argentina. Debido a que ninguna de las firmas se presentó con representantes legales en el expediente, la notificación deberá tramitarse por vía postal a través de la Cancillería.
Navitas Petroleum tiene sede en Israel, mientras que Rockhopper es de origen británico. En los fundamentos del fallo, al que tuvo acceso Tiempo, la magistrada sostuvo que la nacionalidad extranjera de las demandadas «no enerva la plena vigencia del derecho argentino, desde que el emprendimiento cuestionado se proyecta sobre la plataforma continental argentina y sobre los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas».
Para fundamentar la cautelar, Borruto consideró que «el riesgo no es hipotético ni remoto», dado que el proyecto avanzó hacia su etapa de ejecución pese al rechazo expreso de la Cancillería argentina. La jueza aclaró que la decisión tiene carácter preventivo y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas involucradas.